La Justicia quilmeña resolvió sobre el recurso de amparo presentado por el concejal varelense Dardo Ottonello (Unión Pro Peronista), que pidió una medida de no innovar sobre la presunta construcción o realización de trabajos u obras en un predio privado, situado en Thevenet casi Ruta 36. Así, el juez Señaris dispuso decretar “la medida de no innovar requerida”, previa caución juratoria. El magistrado además comunicó mediante cédula “a la Municipalidad de Florencio Varela (Departamento Ejecutivo) que deberán paralizar tanto las obras y trabajos en ejecución, como así también la realización de nuevas obras a iniciarse en el predio comprendido entre las calles avenida Thevenet, Ruta Provincial Nº 36, calle 141 y calle 159 de Florencio Varela (paraje Villa Angélica), provisoriamente hasta el dictado de sentencia” y sin implicar ello “adelanto del decisorio definitivo”. En los próximos días, las partes deberán aportar las pruebas ofrecidas. El edil Ottonello expresó que el magistrado resolvió “tras recibir la documentación presentada por la Municipalidad” varelense y sus argumentos.
Contrato de posesión
Aparentemente, la firma Norchichas vendió parte de esa fracción o toda en 1996 y luego en 2010 se conoció que el vecino Jorge Percas y hermanos era titular de la misma. El lugar abarca 7 hectáreas y según las presentaciones, la comuna o el Estado “nunca compró” ese lugar, ni tampoco posee contrato de posesión, ni tenencia precaria ni comodato alguno. Por ello, dijo el abogado Ottonello, “no hay ninguna razón legal que permita” al municipio hacer obras en terrenos que son privados y no fiscales o estatales. Añadió que la comuna tampoco acompañó contrato alguno, ni sobre la modalidad de la pavimentación que se hizo, las veredas, ni el movimiento del suelo. También recordó que la justicia prohibió hacer nuevos trabajos allí. Explicó el letrado que “ni siquiera se colocó un cartel” sobre la obra, ni quién la lleva a cabo, “ni el monto invertido para esos trabajos” que hace el Estado en un predio del ámbito privado, lo que prohíben las leyes en vigencia. Ottonello acotó que “hay responsabilidades políticas” en el Ejecutivo comunal sobre estos trabajos con una millonaria inversión en juego. Tampoco descartó el concejal peronista que, con el devenir de los hechos, y si desde la Justicia se probara lo denunciado, “podrían caber penas para los funcionarios involucrados, tales como “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “malversación de caudales públicos”.
