Concejales opositores quilmeños irían a la Justicia por el decreto del intendente Francisco Gutiérrez que reglamentó la ordenanza sobre construcciones irregulares, asegurando que el mismo no respeta la norma legal votada en el Concejo Deliberante. Pero el jefe comunal rechazó el planteo de los legisladores, al que consideró ilógico e impracticable. El Concejo aprobó en septiembre pasado una ordenanza que establece que todas las construcciones que superen los 1.000 metros cuadrados de superficie y presenten alguna irregularidad, deben contar con la aprobación del Legislativo. A través del decreto reglamentario, Gutiérrez estableció que sólo deben ser avaladas por los ediles las edificaciones con más de 1.000 metros cuadrados que hayan sido edificadas de manera antirreglamentaria. El tema sorprendió a los concejales opositores que durante el fin de semana comenzaron a analizar la posibilidad de presentar un recurso en el Juzgado Contencioso Administrativo para declarar nulas las disposiciones reglamentarias establecidas por el jefe comunal. El concejal de la Coalición Cívica, Mario Sahagún expresó que hay “una clara diferencia” entre el exhorto que votó el Concejo a las construcciones ilegales y lo que reglamentó el intendente Francisco Gutiérrez, y consideró que “este gobierno no quiere que lo controlen”. En este sentido afirmó: “Vemos que lo que votó el Concejo Deliberante no se condice con la reglamentación del Intendente” porque “hay una clara diferencia”. El concejal opositor argumentó que la norma aprobada en el Deliberante señala que “las construcciones que superan los mil metros cuadrados que tengan alguna irregularidad deberán pasar por el Concejo”, en tanto el Ejecutivo reglamentó el exhorto para todas “las superficies irregulares superiores a mil metros”. El decreto reglamentario del Registro de Mejoras de Construcciones No Declaradas (blanqueo de edificaciones ilegales) tiene fecha del 19 de enero y fue recién publicado en el Boletín Oficial el 21 del mismo mes, dato que según la oposición “sorprende porque no habitual que una norma aprobada en septiembre sea reglamentada cuatro meses después”. Los ediles cuestionaron la decisión del Intendente al señalar que buscaba beneficiar a las grandes construcciones ilegales existentes en el distrito, algo que la ordenanza buscó específicamente evitar.