Según los firmantes, la norma "prevería en principio, aumentos de tasas de entre el 30 y el 65 por ciento según la zona en que se ubique el inmueble".
"Este pedido ciudadano, encuentra fundamento en virtud de lo establecido por el artículo 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el cual establece que el Defensor del Pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la Provincia", expresa el comunicado, a la vez que añade: "Dicho artículo enuncia a su vez que el Defensor ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la Administración pública, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones".
Las organizaciones vecinales, asimismo, aseveraron que "es más que evidente que la aplicación de esta ordenanza, sería confiscatoria y afectaría el derecho de propiedad de los ciudadanos, por ser los aumentos muy superiores al índice de inflación, vulnerando ello derechos de raigambre constitucional."
