La medida de fuerza alcanza a trabajadores de las universidades nacionales en reclamo de una recomposición salarial, mayor presupuesto y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los no docentes también pararán el 12 y el 16 de noviembre.
El conflicto en las universidades públicas suma este martes 3 de noviembre una nueva jornada de protesta. Docentes y trabajadores nodocentes realizan un paro de actividades en todo el país para reclamar una recomposición salarial, mayores recursos para las casas de estudio y que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida reúne distintas acciones gremiales. Por un lado, la Conadu Histórica lleva adelante una huelga nacional de siete días, que comenzó el miércoles 28 de octubre y finaliza hoy. La protesta alcanza a docentes universitarios y preuniversitarios, que reclaman una actualización de sus salarios y más presupuesto para el sistema educativo.
En paralelo, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a tres paros de 24 horas para el personal nodocente. La primera jornada se cumple este martes, mientras que las próximas medidas están previstas para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre.
Los gremios exigen que el Ejecutivo aplique la Ley de Financiamiento Universitario, avance con una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y garantice los fondos necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones públicas. Desde FATUN advirtieron que continuarán con el plan de lucha hasta obtener respuestas a sus reclamos.
La disputa también está atravesada por la situación judicial de la norma. Después de que el Congreso ratificara el rechazo al veto presidencial, el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento y la asignación de las partidas correspondientes.
Posteriormente, la Justicia ordenó avanzar con el cumplimiento de la ley, incluida la actualización salarial de docentes y nodocentes y el refuerzo de las becas estudiantiles. Sin embargo, el Ejecutivo presentó recursos de apelación para evitar su aplicación.
A la discusión salarial se suma el financiamiento de las universidades para el próximo año. En el proyecto de Presupuesto 2027, el Gobierno contempla destinar 7 billones de pesos al sistema universitario, mientras que los rectores consideran que se necesitan al menos 11 billones para garantizar su funcionamiento.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, ya había advertido sobre las dificultades que podría atravesar el sistema si no cuenta con recursos suficientes. En ese escenario, los gremios mantienen las medidas de fuerza y presionan al Gobierno para que dé respuestas a los reclamos del sector.