En 2013, el fiscal
José María Campagnoli había pedido el allanamiento de las oficinas del estadio y del domicilio de Passarella y Turnes, a raíz de la referida denuncia, que los acusaba del delito de estafa a los socios en el marco del negocio de la reventa de entradas.
En febrero de 2015, el juez de instrucción
Fernando Caunedo citó a declarar a Passarella y al resto de los involucrados, al tiempo en que trascendieron
escuchas telefónicas que daban cuenta de la existencia del delito y que complicaron al ex presidente.
Así las cosas, hoy se conoció la decisión del
procesamiento de Passarella y del resto de los involucrados, a quienes podría caberles la pena prevista en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, que establece
de un mes a seis años de prisión.
El articulo advierte esa pena a quien o quienes "tuvieran a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".
Los implicados, que
hasta hoy figuraban en la causa como imputados, ahora pasan a ser procesados y sus bienes serán embargados los bienes porque el juez entiende que hay pruebas suficientes para avanzar en la causa, que seguramente desembocará en un juicio oral.
