Inquietud en la Justicia por el adelanto del Fútbol Para Todos

03 de agosto 2016 - 14:43

La jueza Servini de Cubría no fue notificada por la Secretaría de Gobierno sobre la transferencia de los fondos a la AFA. La magistrada podría llamar la atención a De Andreis por el manejo de los fondos sin el protocolo que prevé la causa

La publicación en el Boletín Oficial con el desembolso de 300 millones de pesos destinados al programa Fútbol Para Todos hizo sonar la alarma en el juzgado Nº1 de María Servini: pese a que cada peso debe estar auditado por su equipo de trabajo -se dispuso de una cuenta especial para determinar cómo sale el dinero-, en esta ocasión la jueza se enteró por los medios del adelanto dispuesto.

La última vez que se enteró de una novedad de la AFA por las noticias, irrumpió en Viamonte y terminó remitiendo un escrito a la FIFA que cambió el rumbo pautado desde Zurich: sostuvo a Luis Segura unas semanas y desestimó la designación en su lugar de Damián Dupiellet. El nuevo desaire no tendrá consecuencias en el Viejo Continente, pero tal vez un dolor de cabeza en Balcarce 50.

"No se sabe si los 300 millones corresponden a un adelanto. En el contrato no hay ninguna addenda (N de la R: anexo), no está claro si se desprenden un cannon nuevo o del viejo. No es un manejo discrecional, pero pega en el palo porque es una irregularidad muy grande, sigue siendo dinero del erario público", indicaron con argot futbolero en Tribunales ante la consulta de Diario Popular.

En tanto en AFA continúa la labor de los veedores hasta el 31 de octubre. Antes del informe final la jueza recibirá la conclusión de cómo llegó el dinero a los clubes, en su trayecto de cheques posdatados en cuevas o cooperativas legales y si el porcentaje descontado en esas operaciones quedó concentrado en las mismas manos, como mecanismo sistemático.

En paralelo, una comisión de investigadores de la Justicia estadounidense que se ocupa de la corrupción en FIFA arribó a Buenos Aires y se hicieron presentes en el edificio de Viamonte. Son investigadores del FBI y auditores de una consultora internacional que buscan un anclaje en la causa que tiene a seis argentinos implicados de los cuales uno está fallecido -Julio Grondona-, y el resto con prisión domiciliaria.