El ingreso a los terrenos, esto es la ocupación, se hace en forma clandestina ante el riesgo que implica que sigan ingresando materiales de construcción al lugar, por obras que correrían algún peligro de derrumbe.
Según organizaciones vecinales, hay un incumplimiento de las autoridades en el control del ingreso de materiales y por eso se tramita un expediente en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
En la causa a cargo de Casanello, donde se investiga concretamente el accionar de las organizaciones que hacen un negocio de la ocupación, el fiscal Evers pidió que se hagan tareas de inteligencia para dar con la banda. Además, Evers pidió que se ordene un censo poblacional en la Villa 31 para tener contabilizado el número de familias que ya se encuentran habitando en el predio tomado.
En la causa, el juez Casanello ya procesó a cinco personas por el delito de usurpación e interrupción de las comunicaciones en el marco de la ocupación clandestina e ilegal de un predio ubicado en la intersección de la salida de la Autopista Illia y la avenida Ramón Castillo, zona de Retiro.
La investigación está en manos de la Justicia que intenta dar con la organización delictiva.
