En tanto, a los efectos de sofocar eventuales instigaciones dentro de la misma fuerza policial, el Tribunal de Conducta Policial resolvió ayer el pase a disponibilidad de cuatro efectivos, ante las sospechas de que podrían promover un nuevo acuartelamiento.
En ese marco, el gobernador José Manuel de la Sota solicitó anoche al Gobierno nacional el envío de fuerza federales para realizar tareas de prevención, y desde esta mañana comenzaron a llegar parte de los 1.000 gendarmes anunciado en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El envío de fuerzas federales tiene como objetivo "evitar acciones que impliquen medidas de carácter extorsivo", manifestó Capitanich en su habitual contacto con la prensa y remarcó que "es imprescindible hacer valer la autoridad legítimamente constituida en democracia y el orden institucional".
Sobre este tema, el ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia, Walter Saieg, confirmó que se gestionó el pedido de fuerzas federales "para garantizar el orden constitucional y público", a los efectos de prevenir y evitar nuevos conflictos en la policía provincial.
"No vamos a permitir que se produzca ningún hecho de alteración de paz social como ocurrió en diciembre", advirtió Saieg.
Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, advirtió que el gobierno nacional "no va a permitir la extorsión" por parte de "algunos pequeños grupos" dentro de la policía de Córdoba y remarcó que hubo "directivas muy estrictas" de la presidenta Cristina Kirchner en ese sentido.
"No vamos a permitir la extorsión por parte de algunos pequeños grupos dentro de la policía, que todavía no se adaptan a vivir en convivencia con la democracia y creen que porque la Constitución les ha dado un arma tienen derecho a extorsionar a quienes se la han entregado", dijo Berni en declaraciones a Radio 10.
Mientras tanto, el jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, advirtió que "no" tolerará más protestas en el seno de la fuerza, porque "no podemos permitir otra vez ninguna muestra de paro que atente contra la paz social", como ocurrió a principios de diciembre por el acuartelamiento policial.
"Asumí el compromiso de reconstruir la institución policial y la relación de la institución con los vecinos, y como jefe de Policía no puedo volver a pensar que se atente contra los derechos constitucionales de la sociedad", resaltó Suárez.
