Para realizar la investigación se consultaron distintos hospitales porteños, entre ellos el Piñero, Vélez Sarsfield, Álvarez y Muñiz, asi como también la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Los resultados fueron elevados a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Garbó, y a la Procuraduría para el Combate de la Trata y la Explotación Sexual de Personas (PROTEX) a cargo del fiscal Marcelo Colombo.
En la resolución, el fiscal sostiene que "la evidencia indica que existe un vínculo vicioso que liga la pobreza al hacinamiento, la falta de vivienda y la precarización laboral, y esas son las condiciones que le abren curso a este fenómeno".
"Víctimas de trata que llegan al país ya contagiadas y que desarrollan la enfermedad en contextos de hacinamiento y escasa ventilación, nutrición y descanso adecuado" provocan nuevos contagios y la situación de explotación y trabajo esclavo obstaculiza el acceso a la atención médica a tiempo.
El relevamiento asegura que durante los últimos años los casos reportados entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires alcanzan más de 2000 por año.
