El diputado incluyó en su iniciativa que los padres o docentes que no puedan cumplir con el pago en dinero “deberán realizar un trabajo comunitario a criterio del juez”.
Además, pretende que en casos de especial gravedad o de reiteración de los hechos violentos se imponga “también sanciones de arresto de hasta 15 días”.
Riesco argumentó que la necesidad de la ley en que “el maltrato escolar se extiende entre todos los miembros de la comunidad” educativa.
"Un estudio de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Observatorio de Convivencia Escolar de Argentina arrojó que el 39 por ciento de los alumnos primarios mendocinos que sufren maltrato escolar de sus pares prefieren ocultarlo. En el nivel secundario el porcentaje es del 37 por ciento”, destacó.
