El gremio de estatales confirmó que el próximo viernes habrá medidas de fuerza en las terminales aéreas, luego de las denuncias presentadas contra el Gobierno. En Ezeiza y Aeroparque hará "paro a la japonesa".
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que el próximo viernes 6 de noviembre realizará una medida de fuerza en 27 aeropuertos del país, en medio de una serie de denuncias por el estado de las instalaciones y la falta de recursos destinados a garantizar la seguridad de las operaciones. Durante la jornada de protesta sólo se garantizarán los servicios considerados prioritarios, como vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos destinados al traslado de órganos.
El resto de las operaciones podría experimentar modificaciones, con demoras y cancelaciones. En las terminales de Ezeiza y Aeroparque, el gremio conducido por Rodolfo Aguiar aplicará una modalidad de trabajo que definió como "paro a la japonesa".
De esta forma, se profundizarán los controles sobre los aviones, los equipos de rampa, las obras y las distintas áreas de circulación, como pistas y calles de rodaje. La fiscalización alcanzará cualquier tarea que pueda tener incidencia sobre la seguridad operacional.
El anuncio de la medida de fuerza fue acompañado por fuertes cuestionamientos de Aguiar, que responsabilizó al Gobierno por las condiciones actuales del sistema aerocomercial. El dirigente gremial advirtió que la falta de financiamiento compromete tanto a quienes trabajan en los aeropuertos como a las tripulaciones y los pasajeros.
"Sin presupuesto no hay vuelos seguros", sostuvo el secretario general de ATE, que también cuestionó la falta de respuestas oficiales frente a las advertencias de los empleados. Además, lanzó una alerta sobre la posibilidad de que ocurra un accidente grave antes de que las autoridades atiendan los reclamos.
Aguiar también anticipó que las eventuales suspensiones y demoras serán responsabilidad de la administración de Javier Milei. Sostuvo que el gremio comunicó la medida de fuerza con la anticipación establecida por la ley y advirtió que las dificultades de funcionamiento en algunas provincias pueden profundizar el aislamiento de distintas localidades del interior.
El dirigente aclaró que el objetivo de la medida no es perjudicar a los usuarios, sino exigir condiciones adecuadas para que puedan viajar.
Desde el gremio de estatales expresaron que no existe claridad sobre el destino de una parte importante de esa recaudación. Según Aguiar, el 90% de los fondos no tiene un destino conocido, pese a que deberían contribuir al funcionamiento del sistema y a mejorar los salarios del personal.
El planteo también quedó asentado en una presentación ante la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero. Allí, la organización denunció el deterioro de las condiciones laborales y de infraestructura en aeropuertos nacionales e internacionales, con incumplimientos vinculados a las obligaciones de higiene y seguridad.
El documento gremial puso números al cuestionamiento sobre el financiamiento: estimó que la tasa aeroportuaria genera alrededor de $220.000 millones por año, pero afirmó que menos del 10% de esa suma regresa al organismo para sostener sus operaciones y atender las necesidades salariales de sus trabajadores. Para ATE, ese esquema también se aparta de las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y de la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos.