Mientras todos los focos mediáticos están puestos sobre ella, la infanta no se dejó ver al arribar al despacho de sus defensores, ya que lo hizo en un vehículo que accedió directamente al estacionamiento del edificio, ubicado en una zona céntrica de la capital catalana.
La presión mediática es enorme, no menos que el hecho de que declare como imputada en la fase final de instrucción del caso de corrupción Nóos, que puede llevar a su marido y a ella misma a la prisión con consecuencias impredecibles para la Corona española.
Sin embargo, el encargado de proteger a la infanta en la primera línea de fuego, Miquel Roca, aseguró que está "muy tranquilo", y que "no se puede permitir el lujo de ningún nervio".
En la misma línea, su socio reiteró su confianza en la inocencia de la infanta: "Todo está muy caliente, pero cuando las aguas se tranquilicen, todos los españoles verán con claridad que la infanta es inocente", dijo Jesús Silva a la prensa a las puertas del despacho.
La infanta cuenta con el apoyo del Fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, quien desde el inicio de la investigación se opuso a su imputación y llegó a acusar a Castro de "conspirar" contra la hija del rey, lo que generó numerosas críticas desde la Justicia.
Hace dos años, el juez Castro imputó al Duque de Palma Iñaki Urdangarin, y en abril de 2013 amplió la causa a su esposa, pero la decisión fue anulada gracias a un recurso del fiscal.
El juez, que considera que la infanta es partícipe necesaria o al menos cómplice de su marido, no desistió y encontró nuevos indicios de delito contra la hija del rey, a la que volvió a imputar en enero.
Castro atribuyó a la infanta delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal por su condición de copropietaria de Aizoon, sociedad que fue utilizada para desviar parte de los fondos públicos apropiados indebidamente por el Instituto Nóos, la fundación deportiva de Urdangarin y su ex socio Diego Torres, cuyas actividades ilegales están bajo investigación.
Según el juez, la hija del rey y su marido cargaron a Aizoon gastos personales para apropiarse de los beneficios de la sociedad, que no fueron declarados al fisco.
Los delitos de blanqueo y evasión que se le imputan están penados con hasta 6 y 5 años de prisión respectivamente.
Desde que estalló el escándalo de corrupción Nóos, los españoles se distanciaron de la monarquía, y ya no apoyan a la institución de forma mayoritaria ya que por primera vez son menos del 50%. Además, según las últimas encuestas, la mayoría de ciudadanos creen que la hija del rey recibe un trato de favor.
La izquierda parlamentaria acusó directamente al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de ser el que protege a la infanta a través del fiscal. La reacción de los diputados se produjo después de que Rajoy dijo en TV estar "convencido de la inocencia de la infanta", y que "las cosas la irán bien".
Tras su última imputación, la infanta resolvió no recurrir la resolución y acudir a declarar de forma "voluntaria" para demostrar su "inocencia", según argumentó su defensa. Y el fiscal, para no entorpecer la estrategia de la infanta, tampoco se opuso. El caso de corrupción Nóos se ha convertido en una verdadera pesadilla y amenaza para el rey Juan Carlos de Borbón, por lo que la imagen que menos quiere ver la monarquía, y la más buscada, es la de la infanta sentada en el banquillo de los acusados respondiendo al juez.
