La causa judicial se inició en 2012 por la denuncia de un agente de la comisaría 2 ante el Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré, en la que se investiga una red de uniformados que regenteaban y hacían prostituir a menores de edad que encontraban en situación de calle.
Las adolescentes eran sometidas en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires en destacamentos, lugares de consigna y en operativos deportivos.
Un alto jefe policial reveló que si bien la causa se inició por abuso sexual contra menores, también se investiga una red de prostitución con mujeres mayores de edad.
"Algunos de estos policías usaban a las chicas como prostitutas, pero sólo para clientes que eran policías federales. Por eso entregamos la lista con los nombres que se recogieron a partir de las declaraciones de algunas de las víctimas", indicó una fuente judicial consultada por NA.
"También son investigados los integrantes de la fuerza que fueron cómplices, porque para secuestrar a una de estas jóvenes, uno o dos policías no pueden lograrlo con la complicidad de otros", agregó.
Asimismo, revelaron que una de las chicas que era obligada a prostituirse tuvo dos hijos, por lo que "se ordenó un ADN para cotejar si el padre de esos chicos es alguno de los policías investigados".
La causa comenzó en la Defensoría Pública de Menores e Incapaces Número 2 en lo Civil, a cargo del juez José Atilio, pro el 25 de noviembre de 2011 el expediente 42817/2011 recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de instrucción 38, secretaría 132 a cargo de Gabriel Rey.
