Argentina cuenta con la ley nacional 24.799 sobre adopciones, que para el titular de la fundación no es el centro del problema. "Se puede modificar, claramente, pero el tema de fondo es otro. En una reunión que tuvimos en 2006 en el Senado de la Nación expusimos que este problema del tráfico se soluciona persiguiendo penalmente a los implicados en las redes. Nosotros denunciamos que el 90% de los integrantes de las bandas son empleados públicos, que se involucran exclusivamente por dinero. De ese modo, creemos que la solución es la imputación por los delitos que se cometen", expresó Ruiz.
"En la actualidad, apenas el 25% de las adopciones se realiza en términos de la legalidad que impone la ley nacional. El resto se ejecuta por cuenta de bandas que se encargan de todo. Tenemos investigaciones realizadas donde hay involucrados funcionarios públicos, juzgados, cadenas de hoteles, efectivos policiales, entre otros. Sólo en el sureste de Santiago del Estero hay un movimiento de 12 bebés por semana que son vendidos", dijo el titular de Adoptar, agregando que "las bandas no se molestan entre ellas por el negocio, y tienen dividido el país en tres grandes zonas de explotación de criaturas".