El ministro de Economía y su colega de Salud están a punto de enfrentar una denuncia penal por "violación de los deberes de funcionario público" y "malversación de caudales públicos" de unos 688.000 millones de pesos.
Un grupo de sindicatos presentaría una denuncia judicial contra los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Salud, Mario Lugones, para reclamar la transferencia de 688.000 millones de pesos que el Gobierno les adeuda a las obras sociales gremiales y que, según indicaron fuentes vinculadas con el tema, son derivados al pago de subsidios y medicamentos a discapacitados, lo cual implicaría la comisión del delito de "malversación de fondos públicos" y "violación de los deberes de funcionario público" por parte de ambos integrantes del Gabinete nacional.
Según las fuentes consultadas, la acción penal -que se realizaría en los próximos días- cuenta con el respaldo de 50 sindicatos y está encabezada por el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo.
En la denuncia se haría mención a 288.000 millones de pesos en un plazo fijo en el Banco Nación, que corresponden al Fondo Solidario de Redistribución (FSR, que paga los reintegros a las obras sociales) y, por otro lado, unos $400.000 millones de una deuda que tenía OSDE con el sistema de obras sociales y que el Gobierno, en lugar de transferirlos, depositó en fondos FIMA (fondos de inversión).
Luis Barrionuevo sostuvo que los fondos que los sindicatos destinan hoy a cubrir déficit de las Obras Sociales restan recursos para sostener escuelas, campings, vacaciones y otras prestaciones sociales.
Uno de los ejes del reclamo que se presentará ante la Justicia se refiere al Fondo Solidario de Redistribución, que se financia con aportes de trabajadores y empleadores para compensar gastos médicos. Según un informe de la CGT, cerca del 90% de los recursos de este fondo se destinan actualmente a prestaciones de discapacidad, lo que demanda un costo mensual estimado en $160.000 millones.
Asimismo, apuntó sobre el fuerte desajuste entre los ingresos y los costos operativos de la atención médica. Más de 11 millones de beneficiarios (equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales) no generan los recursos suficientes para solventar el Programa Médico Obligatorio (PMO).
El problema se profundiza con la caída del poder adquisitivo de los salarios, estimado en un 30%, y el encarecimiento de los medicamentos, cuya accesibilidad se redujo en un promedio del 40%.
A este escenario se debe agregar que los aportes de los monotributistas se ubican un 78% por debajo del costo estimado del PMO, mientras que en el caso de los jubilados adheridos se registra una transferencia de unos $53.000 millones por persona frente a una recaudación cercana a $159.000 millones.
A esto se le deben sumar los valores de facturación de ciertos hospitales públicos y la falta de autorización previa en prácticas programadas completan un cuadro crítico.