La fiscalía apuntó contra los responsables de la droguería Suizo Argentina y otras empresas distribuidoras por un supuesto esquema irregular de contratación.
Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 nuevas declaraciones indagatorias en la causa que investiga una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei. y entre los citados se encuentran Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, a quienes los investigadores señalaron como presuntos integrantes de una asociación ilícita que habría controlado decisiones del organismo.
En el nuevo dictamen, incorporado a la causa que tramita en el juzgado subrogado por Ariel Lijo, los fiscales sostuvieron que la empresa habría “cooptado” la Andis y organizado un sistema de cartelización entre proveedoras de medicamentos, con sobreprecios y pagos ilegales a funcionarios. Según la acusación, la droguería habría intervenido en decisiones sobre qué empresas cobraban, cuáles quedaban relegadas y quiénes eran designados o despedidos dentro de la agencia, a cambio de “retornos”.
La investigación apunta también a exfuncionarios de la Andis, cuyo titular era Diego Spagnuolo, un hombre de confianza del Presidente y exabogado personal de Milei. La causa se originó a partir de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionaba un supuesto esquema de cobros ilegales y se señalaba a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei. Por el momento, ninguno de los dos está bajo investigación y esos audios no fueron utilizados como prueba en el dictamen fiscal.
Uno de los funcionarios señalados en esas grabaciones sería Daniel Garbellini, quien ocupó el segundo puesto en la estructura de la Andis. Según los fiscales, Garbellini respondía en realidad a los intereses de Suizo Argentina. En uno de los audios incorporados previamente al expediente se menciona que “el Helvético” transmitiría a “Rioja” el temor de que Spagnuolo tomara alguna medida que pusiera en riesgo el negocio. Los investigadores interpretaron que la primera expresión aludiría a la droguería de los Kovalivker, mientras que la segunda podría referirse a algún integrante de la familia Menem.
El dictamen describe un presunto acuerdo entre 15 droguerías para repartirse las compras de medicamentos realizadas por el Estado. Según los fiscales, el mecanismo habría funcionado mediante “compulsas reducidas”, procedimientos en los que la Andis seleccionaba a las empresas invitadas a cotizar, en lugar de recurrir a licitaciones abiertas. Esa modalidad habría permitido aplicar precios considerablemente superiores a los ofrecidos en otros procesos de compra.
Los representantes del Ministerio Público afirmaron que detectaron aumentos superiores al 1.000% entre los valores presentados en compulsas generales y los registrados en procedimientos reducidos o especiales. Como ejemplo, citaron el medicamento Macitentan de 10 miligramos: Ultra Pharma S.A. lo cotizó a $464.508 en abril de 2025, mientras que Génesis S.A. presentó una oferta de $2.145.363,20 por el mismo producto durante ese mes y otra de $4.709.161,38 en una compulsa reducida realizada en mayo.
Génesis S.A. ocupa un lugar relevante en la hipótesis de los investigadores, que la describieron como una presunta empresa fachada de Suizo Argentina. En un chat incorporado al expediente, un empleado de la droguería habría utilizado el término “chinchullito” para referirse a esa firma, un intercambio que los fiscales consideraron relevante para reconstruir la relación entre ambas compañías.
La acusación sostiene que el supuesto esquema no se limitaba a la fijación de precios, sino que también incluía la capacidad de influir sobre las decisiones administrativas de la agencia. De acuerdo con el dictamen, las empresas que no se ajustaban a las condiciones del circuito habrían quedado expuestas a demoras o exclusiones en los pagos, mientras que los funcionarios involucrados recibían presuntos retornos.
La causa también busca establecer cómo se distribuían las responsabilidades entre los empresarios y los integrantes de la estructura estatal. El pedido de 43 indagatorias apunta a avanzar sobre los distintos participantes del mecanismo denunciado, incluidos los directivos de Suizo Argentina y otros empresarios vinculados a las compras de medicamentos.
La nueva presentación fiscal amplía así el foco de la investigación, que inicialmente tomó impulso a partir de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo. Ahora, los investigadores ponen el acento en el funcionamiento de las contrataciones, las diferencias de precios y el presunto control ejercido por las proveedoras sobre las decisiones de la Andis. Las responsabilidades penales deberán determinarse en el avance del proceso judicial.