Por un lado, la sociedad civil lidia a diario con los estragos del estancamiento económico, la degradación educativa, la inseguridad y la falta de horizonte social. Por el otro, la dirigencia política orbita en una agenda propia, autorreferencial, abocada a la rosca interna, al reparto de cuotas de poder y a un festival de retórica vacía.
El artículo 22 de la Constitución Nacional establece un principio fundacional de la República: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”. Sin embargo, el contrato implícito en este postulado se encuentra fracturado en sus cimientos. La democracia representativa en la Argentina atraviesa un estado de decadencia y agotamiento estructural, donde los mecanismos de delegación de la soberanía popular han dejado de servir al ciudadano para pasar a financiar y perpetuar un sistema político endogámico.
Asistimos a un verdadero divorcio de realidades. Por un lado, la sociedad civil lidia a diario con los estragos del estancamiento económico, la degradación educativa, la inseguridad y la falta de horizonte social. Por el otro, la dirigencia política orbita en una agenda propia, autorreferencial, abocada a la rosca interna, al reparto de cuotas de poder y a un festival de retórica vacía. La gestión pública —aquella función esencial del Estado orientada a garantizar servicios básicos eficaces y sentar las bases del desarrollo y la prosperidad— ha quedado completamente relegada a un segundo plano.
El vacío representativo actual no es un fenómeno fortuito, sino la consecuencia directa del colapso de las identidades políticas históricas a causa de la pérdida de su mística fundacional.
Ante la vacancia dejada por el bipartidismo tradicional, la irrupción de nuevas fuerzas como Propuesta Republicana (PRO) o La Libertad Avanza prometió en su momento oxigenar la oferta electoral. Sin embargo, el escenario expone limitaciones severas:
En este contexto, las instituciones democráticas pierden su aura y mística republicana. Cuando el ciudadano percibe que el Estado no resuelve ni administra, sino que funciona como un botín de facción, el descrédito no solo alcanza a los gobiernos de turno, sino al sistema mismo.
El problema de fondo radica en que no existe hoy una propuesta superadora capaz de generar un entusiasmo legítimo o de articular un acuerdo nacional maduro hacia un modelo de país moderno, previsible y próspero. La Argentina se encuentra atrapada en una dialéctica de extremos, donde el ciudadano de a pie se ve forzado a elegir de manera reactiva ante la falta de verdaderas alternativas de estadistas.
Restaurar la vigencia del espíritu constitucional exigirá más que el reemplazo de nombres en una boleta: requerirá reconstruir la noción de idoneidad en el servicio público y exigir que la política abandone su universo paralelo para volver a ponerse al servicio del interés general.