Además le solicitó al juez que requiera "datos de las personas físicas/jurídicas que realizaron las donaciones con el detalle de las mismas, la cuenta de banco que está ligada al usuario que recibe las donaciones a fin de verificar si la cuenta pertenece a la fundación SUMA o bien es de un particular, y si el detalle de todas estas donaciones se encuentra declarado por la Fundación en los organismos correspondientes y en su información contable".
"Atento a la demora de la fundación, en efectuar sus presentaciones en la IGJ (Inspección General de Justicia) como así también que no tenía los libros y documentación en su sede social (lo cual resulta violatorio de la normativa legal vigente), al momento de la requisitoria ordenada por su señoría, siendo que los entregó con más de 24 horas de demora, solicito se efectúe sobre los mismos una prueba pericial scopométrica a los efectos de determinar si la antigüedad de las tintas se condicen con las fechas en que supuestamente se efectuaron los mismos y si registran correcciones y/o alteraciones", agregó Martínez Herrero.
La semana pasada, Lijo ordenó una decena de medidas de prueba en la causa, entre ellas una orden de presentación a la fundación para que remita los libros contables al juzgado.
Eso se cumplió un día después de impartida la orden judicial porque los libros, según se le informó a personal de Gendarmería que fue a la sede, estaban en la oficina de un contador y fueron llevados a Comodoro Py al día siguiente.
