Marcos Aldazaval, integrante del equipo de defensa de Sala, cuestionó la inhabilitación dictada contra la parlamentaria del Mercosur al sostener que la pena debería conducir a la "resocialización del condenado" y no "someter a una persona al ostracismo social por un defecto en el ejercicio de una actividad".
"Sin embargo, justamente ese es el objetivo que persigue Morales a través de sus marionetas judiciales y ello se evidencia aún más en la duración de la inhabilitación: tres años. Hasta que el contador finalice su mandato", subrayó el letrado.
La Túpac Amaru reivindicó en un comunicado el acampe por el que Sala fue condenada, al advertir que se trataba del ejercicio de un derecho legítimo a la protesta "ante la falta de respuestas del contador Gerardo Morales de abrir una instancia de diálogo para dar respuestas al pedido de 15 mil cooperativistas cuya fuente de ingresos corría en ese entonces riesgo de desaparecer".
Sala quedó detenida en San Salvador de Jujuy el 16 de enero del año pasado acusada de liderar el acampe y, desde entonces, comenzó a acumular varias causas en su contra, entre ellas la que la condenó a tres años de prisión en suspenso por haber "instigado" un escrache contra el entonces senador Morales en octubre de 2009.
