La Provincia objetó la operación del VS Promise y reclamó conocer los criterios que habilitaron su ingreso a la terminal. El puerto permanece bajo intervención nacional desde enero, una medida que el Ejecutivo fueguino volvió a poner en discusión.
El Gobierno de Tierra del Fuego rechazó el amarre del buque VS Promise, un petrolero de bandera británica, en el Puerto de Ushuaia y reclamó a Nación precisiones sobre las condiciones que permitieron la llegada de la embarcación.
El caso generó una fuerte reacción debido al conflicto de soberanía por las Islas Malvinas en el que la Provincia calificaron de “inadmisible” que un buque del Reino Unido opere en la capital fueguina mientras ese país mantiene la ocupación del archipíelago conformado por esas islas, las Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Sin embargo, desde el Gobierno nacional aclararon que la embarcación había cargado petróleo crudo en la cuenca del puerto Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y posteriormente arribó a Ushuaia para realizar tareas de aprovisionamiento.
Además, fuentes de la Armada indicaron que no existen motivos para impedir el amarre, ya que el petrolero no procedía de las Islas Malvinas. También señalaron que embarcaciones con bandera británica ya ingresan a otros puertos argentinos.
El Ejecutivo fueguino, por su parte, puso el foco en la contradicción que observa entre la intervención nacional del puerto y la autorización concedida al buque. Nación había argumentado la relevancia estratégica de la terminal por su ubicación en el Atlántico Sur y su importancia para la actividad antártica.
En ese marco, la Provincia solicitó que se hagan públicos los criterios políticos, estratégicos y administrativos utilizados para habilitar la operación. También cuestionó la aplicación de la Ley Gaucho Rivero, cuya prohibición alcanza a buques vinculados con la exploración o explotación de recursos naturales en la Cuenca de Malvinas.
Finalmente, el Gobierno fueguino reiteró su pedido para que termine la intervención del Puerto de Ushuaia y la administración vuelva a manos provinciales. “Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, cuestionó.