La diputada de Unión por la Patria Lucía Lorena Klug , del espacio de Juan Grabois, propuso crear una tasa ambiental que grave las emisiones de metano del ganado. Productores, entidades agrarias y la oposición rechazaron la medida por “absurda” e “imposible de aplicar”.
La Legislatura bonaerense volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que la diputada Lucía Lorena Klug, perteneciente a Unión por la Patria y cercana a Juan Grabois, presentara un proyecto para crear una tasa ambiental destinada a gravar las emisiones de metano producidas por el ganado vacuno.
La iniciativa, bautizada como Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), generó un rechazo inmediato del sector agropecuario y expuso la falta total de apoyo político dentro del propio Parlamento provincial.
El texto apunta a los productores ganaderos como “sujetos obligados” y establece que deberán pagar en función de los kilogramos de dióxido de carbono equivalente que emitan sus establecimientos, calculados según la cantidad de cabezas de ganado y su sistema productivo. Klug justificó la propuesta en la necesidad de enfrentar el cambio climático y citó datos oficiales que ubican a la provincia como una de las mayores emisoras del país, con un 27% de su volumen de gases correspondiente al metano.
Sin embargo, sus argumentos chocaron de lleno contra las entidades rurales. CARBAP reaccionó con dureza y publicó un comunicado en el que calificó la iniciativa como “otra carga sin sustento” sobre un sector ya afectado por altos niveles de presión fiscal.
“Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”, expresó su presidente, Ignacio Kovarsky, quien también advirtió que medidas de este tipo solo afectan la competitividad de la ganadería bonaerense.
La entidad incluso ironizó en redes sociales: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más”. También reclamó que se promuevan políticas basadas en información técnica y diálogo, y no proyectos que –según afirma– castigan al sector productivo sin proponer soluciones ambientales reales.
El eco político de la propuesta tampoco fue favorable para Klug. Desde la Coalición Cívica, el diputado Luciano Bugallo cuestionó con dureza el proyecto y lo definió como “el impuesto a los pedos de las vacas”, una expresión que rápidamente se viralizó.
Para el legislador, el punto crítico no es solo conceptual, sino técnico: no existen herramientas prácticas, accesibles ni verificables que permitan medir de manera precisa la emisión de metano en cada establecimiento ganadero. “Ni siquiera en laboratorios de investigación sería sencillo hacer un monitoreo individual de cada animal”, explicó.
En los bloques legislativos también se da por descontado que el proyecto no avanzará. Fuentes consultadas señalaron que Klug, cuyo mandato finaliza la próxima semana, no logró reunir apoyos y que la iniciativa tiene “futuro nulo”. Incluso algunos legisladores interpretaron la presentación como una movida de despedida antes de dejar su banca.
Mientras tanto, el episodio volvió a abrir una discusión sobre los límites de la regulación ambiental en actividades productivas. Si bien la problemática del metano está presente en las agendas globales, el sector rural insiste en que cualquier política debe ser técnicamente viable y económicamente sostenible. Para Klug, la tasa sería una herramienta de largo plazo; para el agro, se trata simplemente de un despropósito que no aborda el problema real.
El debate queda así en una vía muerta: un proyecto sin chances de prosperar, una fuerte reacción rural y una polémica que expuso, una vez más, las tensiones entre la agenda ambiental y la actividad ganadera en la provincia de Buenos Aires.