El jefe del bloque de diputados provinciales de Coalición Cívica, Walter Martello, presentó un proyecto de declaración para evitar que se instale un fastuoso megaemprendimiento inmobiliario y comercial -conocido como Nueva Costa del Plata- en los partidos de Avellaneda y Quilmes. En su iniciativa, el legislador que responde a Elisa Carrió afirmó que “vería con agrado” que el gobierno bonaerense, a través del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), “no formalice la convalidación de ninguna Ordenanza Preparatoria que determine el cambio de zonificación” de las tierras en cuestión, que en realidad deberían construir un pulmón verde del Conurbano Sur. No obstante, puntualizó que “la multinacional Techint quiere utilizar esa zona para desarrollar una suerte de Puerto Madero bonaerense. Pero, por el momento, las definiciones del proyecto brillan por su ausencia. Por ello existen sospechas de que, en realidad, el negocio también pasaría por la rezonificación en sí”. Incluso algunos trascendidos hablan de que, en un cálculo de medio millón de dólares por hectárea rezonificada, Techint podría obtener una ganancia de 100 millones de dólares. “Esto se trata de un gran negociado, que se viene tejiendo desde la dictadura militar y sería inadmisible que el gobierno bonaerense avale rezonificaciones para favorecer a empresarios poderosos. Esas tierras deberían ser un importante pulmón verde”, dijo Martello.
Análisis
Cabe destacar que el Concejo Deliberante de Avellaneda ya otorgó el aval a la rezonificación. Un proyecto similar ahora se está tratando en Quilmes. Según una investigación de la Asociación Ambiente Sur, cualquier urbanización de la selva marginal eliminará los últimos espacios verdes de la zona, instalará una barrera artificial entre el río y la ciudad, agravará la problemática de las napas, aumentará la frecuencia e intensidad de inundaciones, afectará los servicios de cloacas, agua y luz, y de hecho restringirá el acceso libre a la ribera. El legislador provincial también afirmó que de forma urgente debería intervenir la Fiscalía de Estado bonaerense para defender los intereses de la provincia. Ocurre que las tierras en cuestión forman parte de un convenio firmado por la CEAMSE (una sociedad del Estado tripartita, cuya conducción es ejercida por un representante del gobierno provincial) y la firma Techint en 1978, que establecía “la recuperación, forestación y urbanización en la zona costera del Río de la Plata, incluyendo las tareas de forestación”.