Los 250 trabajadores de la empresa Consignaciones Rurales de Berazategui, que opera el grupo brasileño José Batista Sobrino (JBS), ven peligrar su fuente de trabajo, ya que la empresa, ante la falta de hacienda y un retroceso del 30 al 40 por ciento en la faena, anunció que piensa vender algunas de las plantas que maneja en el país, entre ellas la planta berazateguense. Cabe recordar que los trabajadores del frigorífico, que venían realizando protestas frente al establecimiento, prácticamente fracasaron en su intento, en una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, para destrabar el pago del subsidio prometido. Los empleados, que se manifestaron durante días frente a la sede de la calle 21 entre avenida Dardo Rocha y Camino General Belgrano, intentaban que se cumpliera el compromiso que había firmado en julio el Ministerio de Trabajo de la Nación. Allí se instruía otorgarle un subsidio especial de 2.400 pesos a los trabajadores hasta tanto se clarifique la situación de la firma y de sus empleados. La compañía brasileña, en un comunicado enviado a la Bolsa de San Pablo, indicó que debido a la situación del país, “escasez en la disponibilidad de hacienda y restricciones de exportaciones, analizaba reducir su producción y “desprenderse de algunas unidades”. Esa medida de venta sería adoptada en tres de sus ocho plantas que maneja en el ámbito nacional. A la de Berazategui, se sumarían las plantas de Pontevedra o Colonia Caroya (Córdoba) y San José (Entre Ríos). Las plantas que vendería la brasileña JBS poseen una capacidad de faena de 800 animales diarios y, según fuentes del mercado empresarial tienen un valor de 50 millones de dólares. Así, la planta de Berazategui cotizaría para su venta en casi 18 millones de dólares. La planta de San José, Entre Ríos, fue ofrecida en venta a un grupo de productores locales, que rechazó la propuesta.
El plan de Moreno
Fuentes oficiales revelaron que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, llamó a autoridades comunales del conurbano para referirse a los frigoríficos cerrados y anunció que planea su reapertura, para que vuelvan a funcionar con apoyo sindical y un subsidio estatal de 2400 pesos por trabajador. Ello generó dudas y rechazos. “¿Quieren hacer lo mismo que con la papelera Massuh?”, se preguntó Miguel Schiariti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA). A su vez, el gremialista José Fantini, de la Federación Gremial del Personal de la Carne, expresó que su sector no quiere “manejar nada”, pero que apoya las gestiones que se realicen desde el Estado nacional, provincial o municipal. En cambio, desde el Sindicato de la Industria de la Carne del Gran Buenos Aires (SIGBA) se manifestó en contra de dicha iniciativa, mediante un comunicado que señaló “No a la expropiación”.
