Sin embargo, a la hora de ver quién solventa este esfuerzo, Giustozzi no duda en dejar bien claro que debe ser el Ministerio de Seguridad bonaerense quien debe financiar a la Policía comunal. La reducción de los fondos coparticipables y el haberse aminorado la actividad económica habrán influido, sin duda, a la hora de agregar este párrafo.
Por otra parte, sostiene que la Guardia Urbana Municipal estará a cargo del intendente municipal. Y los municipios podrán adherir "libremente" por convenio.
Según la iniciativa, la Guardia Urbana tendrá como funciones: Mantener el orden público local sobre la base de estrictas políticas de prevención y disuasión; cooperar dentro de sus facultades con la Justicia y el Ministerio Público; y resguardar el derecho a la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes entre otras.
El máximo responsable de la coordinación político-institucional del Sistema será el Intendente, quien elabora el Plan Estratégico de la Seguridad Pública Municipal que envía anualmente al Deliberante; ejerce la dirección de la Guardia urbana; y es quien designa y remueve a todo su personal.
Por su parte, el intendente de Presidente Perón, Aníbal Regueiro, afirmó que la seguridad debe "seguir en mano del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires" y, a su vez, consideró que para que las políticas de seguridad funcionen "deben contar con presupuesto".
En ese sentido, explicó que "no puede ser que nos quieran convertir a los intendentes en sheriff, ya que esto es Argentina y no es Estados Unidos de América".
Regueiro se mostró en desacuerdo con el debate sobre la Policía Municipal y sostuvo que "los intendentes que quieren esta reforma policial pertenecen al grupo de distritos ricos que cuentan con presupuestos altísimos para solventar a la nueva fuerza de seguridad".
