El mandatario norteamericano propuso acuerdos económicos para compensar el impacto de estas instalaciones sobre el consumo de energía, el agua y el entorno local.
Donald Trump propuso que las empresas que construyan centros de datos para inteligencia artificial (IA) paguen un “dividendo” a las comunidades donde se instalen, con el objetivo de compensar el impacto que tienen estas infraestructuras en el consumo de agua y energía eléctrica, y de esa manera mejorar su aceptación entre los residentes.
Trump afirmó que observó de cerca la situación de los centros de datos y llegó a la conclusión de que los proyectos rechazados por los vecinos pueden volverse populares cuando las empresas alcanzan acuerdos económicos que respondan a las preocupaciones locales, a la vez que sostuvo que las instalaciones deberían generar su propia electricidad y entregar o vender los excedentes a la comunidad o a la red para contribuir a reducir los precios de la energía.
La expansión de la infraestructura para inteligencia artificial generó cuestionamientos en distintas comunidades de Estados Unidos por el consumo de recursos, los posibles efectos sobre el entorno y el impacto en las facturas de electricidad. Según el portal financiero Investing Live, durante 2026 al menos 47 proyectos de gran escala sufrieron demoras y más de 1.000 comunidades estadounidenses plantearon o solicitaron moratorias, límites urbanísticos o restricciones medioambientales.
Pese a la resistencia local, las inversiones continúan en expansión. Los analistas de Investing Live estimaron que el gasto estadounidense en infraestructura de inteligencia artificial podría superar los 10 billones de dólares entre 2025 y 2032, equivalente a unos 8,9 billones de euros. El escenario impulsó la búsqueda de acuerdos entre las empresas, las autoridades y los residentes para facilitar la construcción de nuevos complejos.
Estos convenios se conocen como Acuerdos de Beneficios para la Comunidad (CBA, por sus siglas en inglés) y establecen compromisos económicos, ambientales o de infraestructura para las localidades involucradas. Sin embargo, la firma de estos pactos no garantiza necesariamente un cambio en la opinión pública ni elimina las críticas sobre sus condiciones.
Uno de los casos más relevantes es el de Meta en El Paso, Texas, donde la compañía impulsa un proyecto financiado por el gigante de inversión BlackRock. La iniciativa, que comenzó en 2023 con una inversión de 1.500 millones de dólares, se transformó en un campus valuado en 14.000 millones y generó una fuerte reacción pública. En junio, el ayuntamiento votó por 5 a 3 en contra de cancelar el acuerdo.
Posteriormente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, cerró un convenio que contempla medidas para proteger a la comunidad, entre ellas que Meta financie su propia infraestructura eléctrica, reutilice el agua y reduzca su dependencia de incentivos financiados por los contribuyentes. La empresa se refirió al acuerdo, pero no detalló los compromisos específicos señalados por el gobernador. La candidata demócrata a la gobernación Gina Hinojosa cuestionó el pacto al sostener que no establece condiciones vinculantes para la tecnológica. Meta prevé terminar las obras en dos años.
En septiembre, el Ayuntamiento de Lancaster, Pensilvania, firmó el primer CBA plenamente ejecutado para un centro de datos en Estados Unidos. El acuerdo corresponde al Lancaster AI Hub, un complejo de computación en la nube e inteligencia artificial valuado entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. Entre sus compromisos figuran un fondo de desarrollo económico de 10 millones de dólares, otro de igual monto para sostenibilidad y energía limpia, un fondo de planificación de 250.000 dólares y 10 millones en créditos para proteger a la ciudad ante posibles incumplimientos ambientales y financieros.
En octubre, la promotora Digital Realty obtuvo una primera aprobación pública para construir un campus de centros de datos de 280 acres en De Soto, Kansas. La empresa ofreció a los residentes créditos por 1.000 dólares durante 10 años en facturas de servicios y en impuestos sobre la propiedad. La propuesta forma parte de una inversión de 20 millones de dólares que, según la compañía, generará ingresos fiscales recurrentes, empleo y otros beneficios económicos para la comunidad.