Esto que pasa
La mayoría de los montoneros muertos al intentar copar el Regimiento de Formosa ya figuran con su nombre en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado.
Son 16 millones de pesos para reparar parcialmente un enorme daño perpetrado hace 37 años. Pero al hacer efectivo este acto de elemental compensación, el oficialismo político argentino se mostró tal cual es y tal como piensa en verdad, más allá del maquillaje y de la retórica. Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley presentado en mayo, otorgando por única vez un beneficio extraordinario a quienes fallecieron como consecuencia del ataque al Regimiento de Infantería de Monte Nº 29 ‘Coronel Ignacio Warnes’, ocurrido en la provincia de Formosa el 5 de octubre de 1975. El ataque fue perpetrado por Montoneros durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez, que llegó al poder el 12 de octubre de 1973 como vicepresidente de su marido, Juan Perón, tras el plebiscito electoral del 23 de septiembre de ese año, “en vigencia de un gobierno democrático” según explica el proyecto de los diputados Ricardo Buryaile (UCR) y Juan Carlos Díaz Roig (PJ). El proyecto, que data de septiembre de 2010, fue aprobado por 135 de los 257 diputados, con 43 abstenciones y 18 votos en contra. Pero fue una aprobación de saldo agridulce: el kirchnerismo exigió que para aprobar el beneficio se debía eliminar los fundamentos de la medida. De modo que salió el dinero, pero sin que se sepa por qué.
Ese 5 de octubre de 1975, Montoneros atacó en formación militar y a mansalva la citada unidad, asesinando a un oficial (el subteniente Ricardo Massaferro), un suboficial (el sargento Víctor Sanabria), 10 soldados conscriptos (Antonio Arrieta, Heriberto Avalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo R. Sosa, Marcelino Torantes, Alberto Villalba y Hermindo Luna), dos policías provinciales (Pedro Alegre y Felipe S. Ibáñez) y dos vecinos civiles (Celso Pérez y Mamerto Cáceres). El comportamiento del bloque kirchnerista mayoritario fue revelador. Al exigir e imponer la eliminación de los fundamentos de la medida el oficialismo reveló que, casi cuatro décadas después, conserva una oscura pero evidente ambivalencia para con la experiencia montonera, y no cree que ese ataque contra un gobierno peronista perfectamente legitimo haya sido un acto de barbarie.
Formosa fue en 1975 el escenario elegido por la organización dirigida por Mario Firmenich para descerrajar lo que los autores de la ley llaman “un trágico acontecimiento que marcó en profundidad la historia de los formoseños”. Doce montoneros cayeron en el combate contra la unidad militar, que se defendió con garra y logró evitar el copamiento, pese a que 16 personas cayeron bajo el fuego montonero. Los 10 conscriptos eran muchachos de alrededor de 20 años bajo bandera, realizando el servicio militar entonces obligatorio, cumpliendo una ley de la Nación sin ser profesionales del Ejército. Treinta y siete años después, las familias de esos diez soldados, dos policías, dos militares y dos civiles caídos no han tenido reconocimiento oficial suficiente y apropiado por parte del Estado Nacional: cobraban en marzo de 2012 una pensión de 842 pesos.
Pero lo más agraviante es que la mayoría de los montoneros muertos al intentar copar el Regimiento de Infantería ya figuran con su nombre en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado de Parque Norte, en el que hay un total de 8742 nombres, y además sus nombres fueron incorporados al listado de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 2006 a instancias del gobierno de Néstor Kirchner. Los herederos de estos montoneros que atacaron al Ejército durante un gobierno justicialista de origen legal y legítimo, ya cobraron la indemnización prevista para las víctimas del terrorismo de Estado por la ley nacional 24.411. Esa indemnización era en marzo de 2012 de 620.919 pesos. Los diputados autores del proyecto advierten que “los descendientes de los soldados caídos en el ataque deberían cobrar ese dinero todos los meses durante 61 años y medio de sus vidas para igualar la cifra que ya recibieron los herederos de cada guerrillero”.
De los 18 diputados que se negaron a beneficiar a esas familias heridas de muerte de 1975, 16 son kirchneristas (Herman Avoscan de Río Negro, María del Carmen Bianchi de Ciudad de Buenos Aires, los bonaerenses Gloria M. Bidegain, Remo G. Carlotto, Andrea García, Leonardo Grosso y Adela Segarra, los correntinos Araceli Ferreyra y Roberto F. Ríos, los cordobeses Fabián M. Francioni y Carmen R. Nebreda, la riojana Griselda N. Herrera, el sanjuanino José R. Uñac, los chaqueños Sandra M. Mendoza y José R. Mongelo, y la misionera Julia A. Perie. También se opusieron al beneficio a las víctimas la bonaerense Nora G. Iturraspe y el santafecino Antonio Riestra, del partido Unidad Popular, cuyas figuras principales son Víctor De Gennaro y Claudio Lozano, aliados de Hermes Binner en el Frente Amplio Progresista. De Gennaro, coherente toda su vida, votó a favor, mientras que para sus compañeros esos soldaditos formoseños no merecían ser homenajeados. La izquierda dentro del kirchnerismo ni aprobó ni votó en contra, se abstuvo (el caso de Carlos Heller, Gastón Harispe, el ex radical, ex frepasista y ex lilista Carlos Raimundi, y Juan Carlos Junio), lo mismo que hicieron aliados de Binner como Lozano y Liliana Parada. Se abstuvieron igualmente tres mujeres de alineamientos diferentes, la “pinosolanista” Alcira Argumedo, la peronista Graciela Camaño, y la ex Secretaria de Ciencia y Técnica del presidente Fernando de la Rúa y hoy cristinista, Adriana Puiggrós. Hay que decir, empero, que afortunadamente votaron a favor del beneficio, kirchneristas de tiempo completo como Andrés Larroque, Carlos Kunkel y Roberto Feletti. También debe consignarse la deprimente ausencia de Ricardo Alfonsín, Elisa Carrió, Ricardo Gil Lavedra y Margarita Stolbizer, que ojalá hayan tenido razones valederas para no ir al recinto.
Formosa fue en 1975 el escenario elegido por la organización dirigida por Mario Firmenich para descerrajar lo que los autores de la ley llaman “un trágico acontecimiento que marcó en profundidad la historia de los formoseños”. Doce montoneros cayeron en el combate contra la unidad militar, que se defendió con garra y logró evitar el copamiento, pese a que 16 personas cayeron bajo el fuego montonero. Los 10 conscriptos eran muchachos de alrededor de 20 años bajo bandera, realizando el servicio militar entonces obligatorio, cumpliendo una ley de la Nación sin ser profesionales del Ejército. Treinta y siete años después, las familias de esos diez soldados, dos policías, dos militares y dos civiles caídos no han tenido reconocimiento oficial suficiente y apropiado por parte del Estado Nacional: cobraban en marzo de 2012 una pensión de 842 pesos.
Pero lo más agraviante es que la mayoría de los montoneros muertos al intentar copar el Regimiento de Infantería ya figuran con su nombre en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado de Parque Norte, en el que hay un total de 8742 nombres, y además sus nombres fueron incorporados al listado de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 2006 a instancias del gobierno de Néstor Kirchner. Los herederos de estos montoneros que atacaron al Ejército durante un gobierno justicialista de origen legal y legítimo, ya cobraron la indemnización prevista para las víctimas del terrorismo de Estado por la ley nacional 24.411. Esa indemnización era en marzo de 2012 de 620.919 pesos. Los diputados autores del proyecto advierten que “los descendientes de los soldados caídos en el ataque deberían cobrar ese dinero todos los meses durante 61 años y medio de sus vidas para igualar la cifra que ya recibieron los herederos de cada guerrillero”.
De los 18 diputados que se negaron a beneficiar a esas familias heridas de muerte de 1975, 16 son kirchneristas (Herman Avoscan de Río Negro, María del Carmen Bianchi de Ciudad de Buenos Aires, los bonaerenses Gloria M. Bidegain, Remo G. Carlotto, Andrea García, Leonardo Grosso y Adela Segarra, los correntinos Araceli Ferreyra y Roberto F. Ríos, los cordobeses Fabián M. Francioni y Carmen R. Nebreda, la riojana Griselda N. Herrera, el sanjuanino José R. Uñac, los chaqueños Sandra M. Mendoza y José R. Mongelo, y la misionera Julia A. Perie. También se opusieron al beneficio a las víctimas la bonaerense Nora G. Iturraspe y el santafecino Antonio Riestra, del partido Unidad Popular, cuyas figuras principales son Víctor De Gennaro y Claudio Lozano, aliados de Hermes Binner en el Frente Amplio Progresista. De Gennaro, coherente toda su vida, votó a favor, mientras que para sus compañeros esos soldaditos formoseños no merecían ser homenajeados. La izquierda dentro del kirchnerismo ni aprobó ni votó en contra, se abstuvo (el caso de Carlos Heller, Gastón Harispe, el ex radical, ex frepasista y ex lilista Carlos Raimundi, y Juan Carlos Junio), lo mismo que hicieron aliados de Binner como Lozano y Liliana Parada. Se abstuvieron igualmente tres mujeres de alineamientos diferentes, la “pinosolanista” Alcira Argumedo, la peronista Graciela Camaño, y la ex Secretaria de Ciencia y Técnica del presidente Fernando de la Rúa y hoy cristinista, Adriana Puiggrós. Hay que decir, empero, que afortunadamente votaron a favor del beneficio, kirchneristas de tiempo completo como Andrés Larroque, Carlos Kunkel y Roberto Feletti. También debe consignarse la deprimente ausencia de Ricardo Alfonsín, Elisa Carrió, Ricardo Gil Lavedra y Margarita Stolbizer, que ojalá hayan tenido razones valederas para no ir al recinto.
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