La Justicia recaratuló la causa como estrago culposo agravado e imputó a directivos y técnicos de la empresa a cargo del complejo “Estación Buenos Aires”. La investigación apunta a fallas estructurales, sobrecarga y reclamos desoídos desde 2022. Vecinos denuncian que la situación sigue sin cambios y algunos ya decidieron mudarse.
La causa por el derrumbe ocurrido el 3 de marzo en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires”, en el barrio porteño de Parque Patricios, dio un giro clave: la Justicia imputó a los responsables de la empresa constructora luego de recaratular el expediente como estrago culposo agravado.
La decisión fue tomada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31, a cargo de la fiscal María Rosa Selvatici, quien apuntó contra directivos y técnicos de Constructora Sudamericana (COSUD) S.A. por presuntas fallas estructurales en la losa del sector que colapsó.
Según la investigación, la estructura presentaba vicios constructivos en la planta baja sobre el estacionamiento del primer subsuelo. Entre las irregularidades detectadas, se menciona una sobrecarga de tierra y placas de laja sin un sistema de drenaje adecuado, lo que habría debilitado la resistencia de la losa.
Además, la fiscal sostuvo que la empresa ignoró reclamos reiterados desde 2022 por filtraciones y riesgo estructural, incluso tras intimaciones formales del Ministerio Público Fiscal. A esto se suman trabajos previos al derrumbe -como perforaciones e impermeabilización- realizados sin proyecto técnico ni memoria descriptiva, pese a que el deterioro era conocido.
Entre los imputados figuran el presidente de la firma, Rudi Boggiano; el arquitecto Carlos Rubén Bertrán; el ingeniero Néstor Raúl Caputo; Martín Cittadini; la arquitecta Mónica Fabiana Rzepa; el apoderado Carlos Rocha y el jefe de obra Julio Momo. También fueron alcanzados responsables técnicos y se investiga el rol de los apoderados del Banco Hipotecario por un posible incumplimiento del deber de control de obra.
La nueva calificación legal -estrago culposo agravado- apunta a conductas negligentes o imprudentes que afectan la seguridad pública y prevé penas de seis meses a tres años de prisión.
Mientras avanza la causa judicial, los habitantes del complejo aseguran que la situación sigue prácticamente igual. Persisten los escombros, hay restricciones en la circulación y continúa la presencia de Bomberos y la Policía de la Ciudad.
Uno de los damnificados, Fabiano Perotto, expresó su frustración: “Los escombros están ahí quietos” y advirtió que el transporte público aún no ingresa a la zona. Frente a este escenario, confirmó que su familia decidió mudarse temporalmente: “Nos vamos hasta que la zona sea transitable”.