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Las AFIP salió al cruce de Cristóbal López, quien a través de un escrito le pidió al juez Julián Ercolini, que levante el embargo sobre la empresa
La AFIP aseguró que la inhibición general de bienes establecida por la justicia alcanza a los bienes de Cristóbal López y Fabián de Souza y a una parte de las 70 empresas que integran el Grupo Indalo, por lo que los restantes activos y compañías pueden ser utilizados para el pago de los salarios de los trabajadores.
El organismo, a través de un comunicado, salió así al cruce de las palabras expresadas por López, quien a través de un escrito le pidió al juez Julián Ercolini, que levante el embargo que pesa en su contra en la causa por defraudación al Estado por unos $10.000 millones, y se permita la venta de activos a la sociedad OP Investments para, entre otras cosas, “preservar las fuentes de trabajo”.
La entidad recaudadora explicó que la inhibición de bienes “corresponde únicamente a los bienes registrables. Esto es: inmuebles, rodados, acciones, etc. y tiene por finalidad evitar su venta u otro tipo de transferencia a terceros sin autorización judicial”.
El organismo que conduce Alberto Abad recordó que “en anteriores oportunidades el Juzgado, los Veedores, el Fiscal y esta AFIP ya prestaron conformidad” a ventas de otros bienes.
De Souza y López “pueden seguir gestionando normalmente el giro de sus negocios, es decir, el pago de salarios y cargas sociales, entre otros rubros” y destacó que “a pesar de no haberse autorizado aún la venta de las acciones, el gerenciamiento de las empresas está en manos de terceros administradores” en referencia a directivos de OP Investments tal como fuera informado al juzgado interviniente.
La AFIP destacó que “las restantes empresas y activos” del Grupo Indalo -no sujetos a inhibición- son de absoluta disponibilidad de sus dueños y pueden ser afectados al pago de compromisos de distinto tipo que estos mantengan como resultado de su actividad empresarial en conjunto”.
“Las acciones de la AFIP no buscan solamente que López y De Souza paguen los impuestos que deben, sino también, que respondan por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad”, concluyó el comunicado.
La causa contra López y De Souza se inició en febrero del 2016, cuando la AFIP descubrió que los titulares del Grupo Indalo retuvieron de manera indebida fondos por $7.600 millones en concepto del pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), a través de Oil Combustibles, durante el gobierno de Cristina.
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