La iniciativa amplía las sanciones para empresas que exploten recursos sin autorización argentina y establece penas de hasta 20 años de prisión, multas millonarias e inhabilitaciones.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur sin autorización argentina. La iniciativa ya ingresó a la Cámara de Diputados.
El proyecto reemplaza el esquema vigente, que estaba concentrado en las actividades hidrocarburíferas, y extiende las restricciones a todo tipo de recursos renovables y no renovables, lo que también puede alcanzar a actividades como la pesca. Además, incluye a quienes faciliten esas operaciones mediante servicios económicos, financieros, logísticos, técnicos o de consultoría.
Para las actividades vinculadas con hidrocarburos, el proyecto establece penas de 12 a 15 años de prisión para quienes realicen tareas de prospección o exploración sin autorización. En los casos de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las condenas podrían llegar a 20 años.
El castigo más severo está previsto para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin habilitación: las penas irían de 15 a 20 años de prisión y las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo.}
Los proveedores que, con conocimiento de la operación, entreguen bienes o servicios esenciales para una actividad prohibida también quedarían alcanzados. Para ellos se contemplan penas de cinco a siete años de prisión, multas de hasta 100.000 barriles de petróleo e inhabilitaciones comerciales.
Las empresas involucradas podrían además sufrir rescisión de contratos, revocación de habilitaciones y restricciones para contratar con el Estado. El régimen contempla inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y otras sanciones para quienes incumplan las nuevas disposiciones.
También se incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización para las compañías que abandonen las actividades prohibidas y cumplan determinadas condiciones. La regularización podría hacerse mediante el pago de una multa o la reconversión de las inversiones hacia actividades lícitas dentro del territorio argentino, y en determinadas circunstancias podría extinguir la acción penal.
El proyecto también crea un Sistema de Seguridad Nacional que concentrará funciones diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica. El órgano rector será un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente.
Entre sus integrantes permanentes estarán el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además del secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
La iniciativa incorpora además procedimientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles y establece medidas para la detención e inspección de buques. En el ámbito marítimo contempla advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, acciones para inutilizar una embarcación.
El Gobierno pidió al Congreso priorizar el tratamiento del proyecto. Ahora comenzará la discusión parlamentaria, con el paso de la iniciativa por las comisiones que correspondan antes de su eventual debate en el recinto.