Allí, a través del intercomunicador, una voz "manifestó que había tres mujeres y los servicios eran 80 pesos de moneda nacional la media hora hasta 200 pesos la hora aproximadamente".
El juzgado de primera instancia, y luego la sala primera de la Cámara del Crimen, ahora, confirmaron que "no surgen motivos para presumir que en el domicilio citado se esté violando la ley de profilaxis", pues "sólo puede deducirse que en el lugar habría tres mujeres que estarían brindando servicios sexuales a cambio de dinero".
"La actividad que allí se desarrollaría sería lícita, toda vez que no existe ni el menor indicio de la existencia de persona alguna que explote, promueva o facilite la prostitución", sostuvieron los camaristas Luis Bunge Campos y Gustavo Bruzzone.
El tribunal rechazó incluso un pedido de la fiscal Nancy Olivieri para que fueran intervenidos los teléfonos promocionados en los carteles publicitarios.
"Las medidas de prueba solicitadas por la acusadora implican la restricción de garantías constitucionales. La ausencia de motivos que las justifiquen debidamente, imponen su rechazo", replicó el tribunal.
