Eduardo Marcelo Villarruel murió, según ese documento, como consecuencia de “enfermedad denuncia internacional”, pero la querella sostiene que existieron procedimientos de mala praxis médica que fueron ocultados tras la presunta “falsedad de documento público”.
La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, y su madre, Diana Destefani de Villarruel, denunciaron que el acta de defunción de su padre y marido –respectivamente- en un sanatorio de Rosario, provincial de Santa Fe, en 2021 “es falsa”.
Eduardo Marcelo Villarruel murió, según ese documento, como consecuencia de “enfermedad denuncia internacional”, pero la querella sostiene que existieron procedimientos de mala praxis médica que fueron ocultados tras la presunta “falsedad de documento público” que constituye el acta de defunción.
La causa se inició hace unos seis meses “a partir de haberse tomado conocimiento de la Partida de Defunción expedida en 19 de mayo de 2021 por una profesional medica de un sanatorio privado de esa ciudad”.
El abogado Julio Razona (quien junto con Federico Ducler patrocina la querella) dijo que cuando se produjo el deceso impulsaron una investigación penal por “homicidio culposo” derivado de la supuesta mala praxis, pero ese expediente fue archivado.
En cambio, ahora están denunciando otro delito: la falsedad ideológica, porque el acta de defunción no consigna el diagnóstico de Covid-19 y, además, los facultativos que lo atendieron en el Sanatorio Parque de Rosario intubaron al paciente “pese a su expresa negativa, la de su mujer y su hija, que estaban con él”.
“Contamos con un peritaje médico- legal privado realizado por un facultativo de Buenos Aires que detectó innumerables irregularidades en el tratamiento médico al que fue sometido el señor Villarruel”, explicó.
El consentimiento para la intubación, explicó el abogado, debe contar con un “consentimiento expreso que en este caso no sólo no existió: la familia y el propio paciente, que estaba lúcido, expresaron claramente su oposición a viva voz a esa práctica”.
“Se ha certificado que el paciente fue derivado a UTI e intubado, pese a su expresa oposición, en pleno estado de conciencia. Nunca se firmó el obligatorio e irrenunciable ‘consentimiento informado’, insistió el abogado Razona.
El nuevo expediente está a cargo del fiscal Matías Oscariz, a quien la querella propuso una serie de medidas de prueba, entre ellas la declaración de testigos sobre la voluntad de Villarruel padre y su familia sobre el tratamiento a que fue sometido.
Además, Razona explicó que el cadáver no fue cremado, por lo que evalúa la posibilidad de pedir una exhumación para una nueva autopsia.