El Presidente y el candidato opositor se enfrentan este domingo en el balotaje. En la primera vuelta, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro se impuso con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula.
Más de 156 millones de brasileños comenzaron a darse cita este domingo en las urnas para elegir entre dos líderes y modelos que dan parte de la historia reciente del país: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca su cuarto mandato a los 80 años, y el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.
Lula llegó al balotaje impulsado por los resultados de las últimas encuestas, después del golpe electoral que significó su derrota en la primera vuelta. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) parte con el desafío de remontar aquel resultado, algo que ningún candidato ha logrado en la historia del gigante sudamericano.
La encuesta de Datafolha publicada el jueves reflejó un empate técnico, con el 50% de los votos cada uno, mientras que el sondeo de la consultora Quaest ubicó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro con el 45% frente al 44% de Lula. La disputa entre los dos contendientes retrata la gran polarización política, que va más allá de este balotaje.
Lula y Bolsonaro no sólo representan dos formas antagónica de entender Brasil, sino que, además, tendrán que enfrentarse a desafíos dispares dependiendo de si salen vencedores. Con un Congreso más volcado a la derecha, se prevé una hostilidad mucho menor para Flávio Bolsonaro que la que tuvo que sortear Lula, cuyo gobierno se vio en negociaciones complejas para sacar adelante sus propuestas. En cambio, todo hace pensar que un mandato del candidato ultraderechista encontrará mayor resistencia de la calle, con posible contestación de movimientos sociales, medioambientales y por los derechos civiles.
Sin embargo, no se puede pasar por alto el determinante papel que tendrá para ambos el verdadero árbitro que desde hace décadas representa la bancada lobbista del 'centrão', un bloque informal de partidos conservadores y profundamente clientelares que se mueven por intereses como el del agronegocio, la seguridad, y el evangelismo, lo que en Brasil se conoce como la triple B: 'Buey, Bala y Biblia'.
A pesar de que las políticas de sus anteriores gobiernos sacaron de la pobreza a millones de personas poniendo en marcha programas sociales reconocidos a nivel internacional, como Bolsa Familia, el proyecto de Lula mostró cierto desgaste durante esta cita electoral, como reflejó su derrota inesperada en primera vuelta.
En cambio, Bolsonaro -con el apoyo del presidente argentino Javier Milei- recoge el legado de su padre y propone una reducción del gasto público y de la presencia del Estado, con una agenda de privatizaciones, bajadas generalizadas de impuestos, recortes en las administraciones, explotación de recursos naturales a gran escala y una política de seguridad inspirada en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, incluido el endurecimiento de penas y una reducción de la edad penal.
Del mismo modo, su eventual llegada al Palacio del Planalto viene acompañada del más que probable indulto presidencial a su padre, actualmente en arresto domiciliario por motivos de salud tras ser condenado a más de 27 años de cárcel por su papel como ideólogo principal en el intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022.
La polarización de la sociedad brasileña surge en gran medida de la batalla digital que se dirime en redes sociales, en las que históricamente el bolsonarismo supo desplegar sus estructuras mucho mejor que la izquierda, hasta el punto de ser objeto de choque judicial en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Lula pidió al TSE la nulidad de la candidatura de Flávio Bolsonaro, alegando un supuesto trato de favor de Meta, la matriz de Facebook e Instagram, en lo que respecta al contenido y al algoritmo, haciendo énfasis en la permisividad que se concede a la desinformación electoral financiada por el equipo del candidato ultraderechista.
El asunto llevó al TSE a fijar plazos a Meta para que retire los contenidos y modifique el algoritmo para garantizar una estricta neutralidad, bajo amenaza de elevadas multas económicas diarias, lo que abrió el debate sobre la influencia de estas grandes corporaciones en los procesos electorales y su posible regulación.