Luego de más de medio siglo de conflicto que posaron a la organización en el centro de la escena, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) concretaron la dejación de su material bélico, puntal elemental para que el proceso de paz que se inició hace varios años con el Gobierno Nacional y que tuvo altos y bajos a lo largo del tiempo se selle de forma positiva. Y, frente a ese panorama, el paso siguiente se evidencia crucial: tomar la senda pública para participar en la vida civil como un auténtico partido político, ítem que cuenta con detractores pero que ganó el suficiente terreno como para efectivizarse gracias a la imperiosa necesidad, por parte de los distintos actores, de dar por tierra con décadas de sangre derramada.
En ese sentido, los interrogantes, que hasta hace un puñado de meses se visualizaban mayormente en torno a la veracidad del proyecto, pues se ponía en cuestionamiento desde el caudal de armas que iban a entregar hasta el posible desmantelamiento progresivo de los distintos campamentos desperdigados por el país, por estas horas se trastocan hacia un itinerario complejo en el que se busca habilitar, no sin obstáculos a la vista, una salida para que la estructura pase de una faceta guerrillera a una capaz de participar en elecciones tanto legislativas como presidenciales.
El camino consta de tres pautas fundamentales, una de las cuales se tiene prevista concluir el 1° de agosto. ¿Por qué? Es la fecha fijada para el desarme definitivo, ese que consistirá en la anulación de los cerca de 700 artefactos con los que cuenta la agrupación, ya no para el combate de antaño sino para afrontar las medidas de seguridad correspondientes en las zonas que sirven de tránsito para la normalización que cierre el conflicto.
Ese martes que abrirá el mes habrá una revisión por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante su denominada Misión de Verificación. Si todo marcha en orden, con la guerra dejada de lado, será momento para destrabar la cuestión social. Y allí las miradas estarán puestas en el Colegio Nacional Electoral (CNE), organismo al cual las FARC se deberán presentar para corroborar su transformación en un movimiento netamente político.
Sin embargo, el trámite no se prevé sencillo, ya que, como todo esquema que tiene pensado sostener una representación en los sufragios venideros, requerirá elaborar un acta de constitución con sus respectivos estatutos, un código de ética específico y, a grandes rasgos, la estipulación de una plataforma ideológica con el aporte de sus directivos designados.
Toda esa proyección, que no estará exenta de discusiones al por mayor, se dirimirá, según los propios mandamases del grupo, en un congreso amplio que tendrá la participación de todos los miembros, con la expectativa a cuestas de hallar un diseño básico para competir democráticamente. Es que la norma constitucional resalta que “el partido será inscripto para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un movimiento con personería jurídica”.
Ese espaldarazo tuvo el visto positivo de Juan Manuel Santos, el vigente presidente colombiano, para la inserción completa de la agrupación en la vida política. Y, si bien cuenta con la fecha reglamentaria de expiración del 19 de julio de 2026, la premisa es que, para ese entonces, los representantes de las FARC ya estén afincados dentro del sistema partidario. ¿Cómo? Por caso, con dos periodos electivos de distancia a esa fecha, el pacto firmado en La Habana el año pasado permite que ya estén confirmadas cinco bancas tanto en Diputados como en Senadores, que reemplazarán a los actuales portavoces de la guerrilla que ya están en el Congreso y que sirvieron de salvoconducto para habilitar los trámites en pos de la paz.
Así la situación, toman fuerza las palabras expuestas por Rodrigo Londoño, quien hace las veces de líder de la organización, al indicar un contundente “adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz”. Esa declaración, sentenciada una vez que se certificó la dejación de un material bélico que consistía en más de 7 mil piezas, confecciona un cisma en la historia reciente de Colombia y da vía libre a otro capítulo, con un carácter diferente.
“Ponemos fin a nuestro alzamiento armado de 53 años pero seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente”, resaltó Timochenko, tal su apodo.
Aún así, más allá de la felicidad expuesta en la mayor parte del país caribeño, lo concreto es que existen protagonistas que despotrican contra esta realidad. Y la figura estelar es Alvaro Uribe, ex presidente, de extenso conflicto con las FARC en otra época y que fue, el año pasado, el principal eslabón del triunfo del NO en el plebiscito desarrollado el 2 de octubre cuando Santos buscó la ratificación popular de los acuerdos de paz diseñados en Cuba. Las razones señaladas radican en la pretensión de evitar, según su visión, la impunidad tras los distintos atentados perpetrados durante cinco décadas que causaron muchas muertes, además de un gran caudal de delitos relaciones, especialmente, con el narcotráfico, elemento central para la financiación, entre los 80’ y 90’, de la organización.
Por eso, con la seguridad como pieza central, se evidencia como una amenaza para que los acuerdos de paz lleguen a concretarse de forma definitiva, fundamentalmente porque es uno de los hombres que se prevé con chances fuertes de recalar en la Casa de Nariño, la residencia presidencial, en las elecciones de 2018.
Esa cuestión, por lo pronto, quedará a consideración de la población colombiana para los próximos meses, ya adentrada en la campaña, una campaña para la cual desde las FARC aclararon que no competirán si al cargo ejecutivo se refiere, ya que la intención está en adquirir fortaleza en el Congreso, para después sí aspirar al mandato superior.
A fin de cuentas, se trata del paso inicial, pero contundente, de un proceso por las vías democráticas que tuvo un sinfín de idas y vueltas pero que, a más de 50 años de iniciado el conflicto, habilita el tránsito de la guerrilla más poderosa de Latinoamérica a una versión política que buscará el aval de los votos en las urnas.