La magistrada dejó sin efecto el fallo que obligaba al país a pagar US$16.100 millones y cerró la etapa de primera instancia. Burford Capital pidió que la Corte Suprema estadounidense revise la decisión que anuló la condena.
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto formalmente la sentencia contra la Argentina en el juicio por la estatización de YPF y dio por concluida la etapa de primera instancia. La decisión acata el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó la condena millonaria contra el país.
Con esta resolución, quedó sin efecto el fallo de 2023 que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones, una cifra que superaba los US$18.000 millones con los intereses acumulados. El litigio se originó por la expropiación de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La Cámara de Apelaciones consideró que el juzgado de primera instancia había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina. Los jueces Denny Chin y Beth Robinson votaron a favor de revocar la condena, mientras que José Cabranes presentó una disidencia.
El tribunal sostuvo que la normativa argentina sobre expropiaciones impide que terceros interfieran en ese proceso y determinó que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños y perjuicios. En junio, el pleno de la Cámara rechazó un pedido de revisión y agotó la vía de apelación ordinaria.
Tras el fallo favorable a la Argentina, Burford Capital presentó a comienzos de octubre un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la decisión. El fondo financia la demanda iniciada originalmente por las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park.
En su presentación, Burford calificó la resolución de la Cámara de Apelaciones como gravemente errónea, sin precedentes y con consecuencias relevantes. Sin embargo, la Corte Suprema no está obligada a aceptar el expediente: recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes por año y concede la revisión de aproximadamente 80 casos.
El máximo tribunal estadounidense no tiene un plazo establecido para decidir si toma el caso. Por eso, aunque la condena de primera instancia quedó formalmente sin efecto, la disputa todavía podría continuar si la Corte Suprema acepta revisar el planteo de Burford.
En paralelo, el fondo abrió un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.