Diputados debate el presupuesto universitario 2027

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro "El Galleguito" Álvarez, expondrán desde las 10 en la comisión de Presupuesto 2027, sobre los recursos destinados a la educación en la ley de gastos y recursos para el próximo año.

El debate se realizará en medio de la disputa que mantiene el oficialismo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, y tras la multitudinaria concentración realizada por las organizaciones universitarias, que terminó serios incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes.

En ese contexto, Torrendell y Alvarez harán una defensa de la política universitaria que instrumenta el Gobierno y volverán a plantear que el Gobierno actúa "a derecho" y cumple con la leyes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera.

La controversia está planteada porque el Gobierno propone destinar 7,3 billones de pesos y las Universidades Nacionales piden 11 billones, además de la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

En varios tuits, Alvarez señaló que "votaron una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera. Por tanto, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria"

Ese artículo fija que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".

Alvarez sostiene que el Poder Ejecutivo cumplió con la ley que "obliga a promulgar y suspender la ejecución de la ley votada sin fondos asignados. Tras ello, también cumplimos la medida cautelar dictada. Al día de hoy, la causa se encuentra apelada ante la Cámara y, por tanto, actuamos plenamente a derecho".

Las voces del debate en la Cámara Baja

Desde Encuentro Federal, el diputado Miguel Pichetto defendió la necesidad de sostener los recursos nacionales y resaltó: “Financiar la educación es una política de Estado que debe sostenerse a través de los gobiernos y las generaciones. Es la posición que defendí en el Senado y mantengo en Diputados: garantizar el presupuesto universitario, la gratuidad y la posibilidad de estudiar en todo el país. El Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades públicas”.

En esa misma línea, el diputado socialista Esteban Paulón reclamó cumplir la legislación vigente: “En democracia las leyes se cumplen. Cumplan con las universidades”. La respuesta del oficialismo llegó a través de la diputada de La Libertad Avanza Bárbara Andreussi, quien cuestionó la administración de las altas casas de estudio: “Estamos a favor de la universidad pública sin aranceles. Estamos en contra de que se nieguen a ordenar las cuentas: hay rectores que cobran hasta 18 millones y universidades como la UNA que gastan $423 millones por graduado, con bajísimas tasas de egreso. Basta de malgastar el dinero de los argentinos”.

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Por su parte, los bloques dialoguistas también hicieron oír su reclamo. El diputado Alberto Arrúa, integrante de la bancada Argentina Federal, presentó un proyecto de resolución para exigir la inclusión de partidas que garanticen el funcionamiento y la actualización salarial en el Presupuesto 2027. El legislador remarcó: “El financiamiento de nuestras universidades públicas debe ser una prioridad en la planificación presupuestaria del Estado nacional. No alcanza con reconocer la importancia de la educación superior: es indispensable garantizar los recursos que permitan sostener su funcionamiento, acompañar a sus trabajadores y asegurar el acceso de nuestros jóvenes a la educación universitaria”.

Que implica el proyecto

El proyecto del Gobierno establece destinar 7,3 billones de pesos lo que implica un 25,4% de los recursos que reclaman las Universidades Nacionales que piden 11 billones de pesos.

El proyecto del Presupuesto obliga a la Universidades Nacionales a presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se transfieren en todo concepto y, en caso de incumplimiento, habilita a interrumpir las transferencias.

Asimismo, determina que deberá indicarse en los presupuestos aprobados, la ejecución presupuestaria y contable y en la cuenta de inversión de cada universidad la clasificación funcional de educación y cultura, salud y ciencia, tecnología e innovación.

Por último, establece que los aumentos salariales de 2027 se aplicarán sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes a la liquidación de noviembre de 2026, salvo los incrementos de planta que apruebe y autorice el Ministerio de Capital Humano.

El presupuesto para el 2027 es de 9,8 billones de pesos con reducciones en las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, los programas de Educación Sexual Integral (ESI), la infraestructura escolar y la formación docente.

El único programa donde hay un fuerte crecimiento es el Plan Nacional de Alfabetización al cual se destinarán 773.000 millones de pesos.

También se mantiene la vigencia del reparto automático de recursos educativos a Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y municipios para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación.