Las movilizaciones se extienden por distintas ciudades del país en medio de un operativo de seguridad con 70.000 agentes desplegados. La Policía utilizó gases lacrimógenos en algunos puntos y secuestró objetos que podían utilizarse como armas.
Francia atraviesa este sábado nuevas protestas sociales con unas 35.000 personas en las calles de distintas ciudades, que hasta ahora dejaron 135 detenidos. Las movilizaciones se desarrollan bajo un amplio dispositivo de seguridad, una semana después de los graves disturbios que sacudieron al país y pusieron bajo presión al gobierno de Emmanuel Macron.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó sobre las detenciones y destacó el despliegue de unos 70.000 efectivos, entre policías, unidades especiales y militares de la misión Sentinelle. El operativo también incluye vehículos blindados, helicópteros y drones para prevenir nuevos episodios de violencia, saqueos y ataques contra edificios públicos y comercios.
Durante los controles, las fuerzas de seguridad incautaron una variedad de objetos que podían utilizarse como armas, entre ellos katanas, bolas metálicas, tirachinas, morteros pirotécnicos y armas improvisadas. Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que se repitan los enfrentamientos registrados durante las manifestaciones de la semana anterior.
En Lyon, la Policía recurrió a gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de unas 150 personas que intentaba bloquear el tránsito en un sector donde las concentraciones estaban prohibidas. En Orleans, en cambio, unas 11.000 personas participan de una movilización contra la ultraderechista Agrupación Nacional, el partido liderado por Marine Le Pen. La convocatoria, que reúne a representantes políticos y sindicales, se desarrolla en paralelo a un congreso de la fuerza, en el que la dirigente prevé lanzar oficialmente su candidatura presidencial.
El conflicto se enmarca en un escenario de malestar por el costo de vida, la crisis de vivienda y el deterioro de los servicios públicos. El Gobierno francés atribuye parte de los episodios violentos a grupos de ultraizquierda y dispuso restricciones a las manifestaciones en distintas ciudades, además de toques de queda nocturnos en algunos barrios.
En París, el dirigente de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, reclamó que Macron atienda las demandas de los manifestantes y advirtió sobre la posibilidad de una huelga general convocada para el 5 de noviembre. También cuestionó las limitaciones al derecho de manifestación y los cambios en el recorrido de las marchas.
Por su parte, el movimiento de los Chalecos Amarillos convocó a nuevas concentraciones para el 31 de octubre, con reclamos en defensa de las libertades públicas y críticas a las restricciones impuestas por las autoridades.
La ola de movilizaciones también alcanza a otros países europeos. En Albania, cientos de estudiantes se manifiestan en Tirana contra el Gobierno del primer ministro Edi Rama. Los enfrentamientos con la Policía antidisturbios incluyen el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos por parte de los agentes, mientras algunos manifestantes arrojan piedras y ladrillos.
El refuerzo de la seguridad en Francia busca contener la escalada de tensión social y evitar nuevos episodios de violencia, en un contexto de protestas que también reflejan el descontento con los gobiernos y las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores de la población europea.