Desde la oposición sospechan que LLA frenó el avance de la iniciativa tras el cambio en la postura de Estados Unidos. El próxima martes volverá a reunirse un plenario de comisiones para debatir el proyecto. ¿Habrá dictamen?

Luego de un inicio a todo vapor del debate del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en Diputados, el tratamiento de la iniciativa parece haberse enfriado, al no haberse alcanzado los acuerdos para cerrar el dictamen el 20 de octubre. Desde la oposición sospechan que el giro en la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la disputa con el Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas influyó para que el oficialismo pusiera el freno de mano en el Congreso.

Por lo pronto, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá el martes 27 de octubre, y ahí se verá si LLA consigue dictaminar. En caso de que lo logre, pocos apuestan a una sesión el día después, última fecha libre que aparece en el calendario para aprobar el proyecto en el recinto.

El mayor problema es que noviembre es un mes "sold out": con un calendario presumiblemente saturado, en el que dominará la discusión del Presupuesto 2027 y dejará pocos resquicios para tratar otras agendas. Además, presenta otros inconvenientes a la hora de encontrar una fecha plausible de sesión: los feriados por la visita del Papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos complican la planificación legislativa.

La iniciativa amplía las prohiciones, que ya no alcanzarán sólo al aprovechamiento de hidrocarburos en Malvinas.

La iniciativa amplía las prohiciones, que ya no alcanzarán sólo al aprovechamiento de hidrocarburos en Malvinas.

ADEMÁS: Malvinas: el gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la Ley de Soberanía

"Lo venimos advirtiendo hace tiempo: Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Su posición de neutralidad se mantiene intacta, pese al alineamiento ciego de Milei. El discurso malvinero del gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de Trump", analizó el diputado de Unión por la Patria y excanciller, Jorge Taiana.

Más allá de la verosimilitud del planteo de Taiana, también inciden otros factores en los pocos avances del trámite de aprobación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La Libertad Avanza no pudo zanjar las diferencias que le manifestaron los aliados en torno a aspectos muy sensibles del proyecto de ley: esa fue la razón por la cual no se pudo dictaminar el pasado martes 20 de octubre.

"Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas", dijo el diputado kirchnerista y excanciller, Jorge Taiana.

Ley de Soberanía Nacional: los puntos claves del proyecto

La iniciativa prevé, entre otras cosas, el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina. Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán sólo a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos.

Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

También se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.

*Con información de la agencia Noticias Argentinas

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