El paulatino desarrollo en todo el territorio del país del género murga inicialmente porteña no estuvo ni está exento de obstáculos. Naturalmente, las situaciones son diferentes en los distintos municipios por la voluntad de los actores de cada lugar y por la empatía o su falta hacia esta específica expresión carnavalera de las diversas administraciones. Ultimamente, al tiempo que se verificaba la creciente inserción se conocían impedimentos para la realización de corsos o dificultades para hacer ensayos. Ayer fue presentado en mesa de entradas del Congreso nacional un proyecto de ley que insta declarar a la murga patrimonio cultural inmaterial para así dotar a los murgueros de protección cuando su actividad se vea amenazada y auspiciar proyectos relativos a la murga. La iniciativa surge de una serie de murgueros coordinados por Carlos “Pipi” Porcel, ya histórico artista de carnaval, director de Los Chiflados de Boedo. La inquietud derivó en la propuesta legal del diputado Juan Cabandié que sin dudas deberá ser remitida a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, donde tiene prácticamente asegurada su aprobación para luego ser debatida en sesión.

Participaron de la idea y la confección del texto Tato Serrano (La Pasión que Faltaba, de Barracas), Facundo Carman (Los Amantes de La Boca), Luciana Vainer (Los Quitapenas, también de Barracas), Rubén Espiño (Atrevidos por Costumbre, de Palermo), Víctor Risso (Los que Quedamos, de Ituzaingó), Mariela Caprini (Movimiento Nacional de Murgas, regional Buenos Aires zona Norte), Agustín Badaraco (Movimiento Nacional de Murgas, Rastreando Alegría) y Omar Foresti (Movimiento Nacional de Murgas, Los Gastasuelas). El martes se reunió con integrantes de la comunidad murguera para mostrar el texto definitivo. En esa reunión Pipi Porcel señaló que “esta ley servirá para presentar a las autoridades ante cualquier prohibición, cualquier problema con el fin de oponerse a las restricciones”. Para el Chiflado de Boedo la nueva legislación permitirá consensuar horarios de ensayos en sitios donde la negativa oficial hoy es tajante. En el encuentro se habló de varios inconvenientes concretos en la actualidad. En algunos casos complica la nula predisposición de las autoridades y en otros, resoluciones vigentes en las que ciertos sectores se apoyan para reclamar la censura de la actividad. En La Matanza desde 2012 las murgas son patrimonio cultural, pero persiste una ordenanza de hace poco menos de dos décadas que prohíbe los ensayos. En caso de ser promulgada, la ley nacional resolvería la contradicción porque tiene predominio sobre las normas locales.

Zulema Barrios, de La Redoblona (Almagro) habló de la necesidad de un museo de murgas para que los futuros cultores del género puedan acceder a elementos históricos y no se sigan perdiendo materiales valiosos de una manifestación por lo general carente de registros. La ley podría ser el marco para la concreción de esta iniciativa. Martín Di Nápoli (Festejantes por la Patria) consignó: “Más allá de la nula difusión oficial y de la invisibilización de los corsos que son exhibidos como cortes de calle, en Capital Federal ya estamos cubiertos por una ley. Esto es para el carnaval federal y nos alegra”. En el mismo sentido, Gallego Espiño destaca la necesidad de avanzar en la institucionalización para asegurar la continuidad de las agrupaciones. Finalmente, el letrista Félix Loiácono (Garufa de Constitución) poetizó la ley parafraseando a Eduardo Galeano: “Este proyecto sienta un precedente para que no quiten el agua donde navega el barco del carnaval”.

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