La CPM aclaró esos hechos no contemplan la violencia de los agentes penitenciarios sobre los detenidos y que por esa razón no se informan agresiones o amenazas padecidas por los detenidos.
En el informe se detalla que las lesiones graves y las muertes registran incrementos en 2011, siendo que la mortalidad en el marco de hechos violentos creció el 30 por ciento en el último periodo interanual.
En ese contexto, se consignó que el año pasado ocurrieron 126 muertes en 39 de las 54 unidades del SPB, lo que representa un promedio de diez personas por mes.
En el informe, la CPM precisó también que en 2011 realizaron 2.371 presentaciones judiciales entre hábeas corpus, informes urgentes y denuncias penales que incluyeron la denuncia de un total de 7.089 hechos de distintas violaciones de derechos humanos, que constituyen torturas o maltratos.
Los principales tipos fueron falta de atención médica, afectación del vínculo familiar, aislamiento, condiciones materiales de infraestructura, problemas de alimentación y golpes.
La CPM explicó que una de las herramientas utilizadas para el diagnóstico es el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, que se implementa junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios en Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Durante su primer año de implementación, 2011, se recogieron testimonios de 235 víctimas que habían sufrido en promedio casi 6 tipos de tortura cada una, en los últimos dos meses y el ministerio Público informó sobre 2.635 causas contra funcionarios públicos iniciadas se año en la provincia.
Esa cifra representa un promedio de casi 220 denuncias por mes, más de 7 diarias y los delitos imputados con mayor frecuencia en este tipo de causas son apremios ilegales, severidades y vejaciones.
En el informe se detalló también que al 29 de diciembre de 2011, 27.991 detenidos se alojaban en las 18.640 plazas con que cuenta la Provincia y que más allá de las diferencias entre unidades, en ningún caso se respetan los estándares internacionales que prevén 7 metros cuadrados por cada detenido.
La CPM denunció también graves falencias en el funcionamiento de la salud penitenciaria y puntualizó que “las condiciones de detención en la Provincia no se adecuan a lo previsto en la normativa constitucional e internacional vigente en nuestro país y no garantizan el respeto a la dignidad de las personas”.
Además precisó que el Estado provincial invierte por mes 6.089 pesos por detenido, aunque cerca del 82 por ciento se utiliza para pago de salarios y mantenimiento y el 18 restante es para las erogaciones en los rubros de comida, limpieza y medicamentos, aunque “gran parte se pierde en los circuitos de corrupción”.
