“Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres internas, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”, indicó la Justicia en su último fallo.
En 2018, mientras cumplía una condena por atacar a su pareja, Gabriel Fernández pasó a llamarse Gabriela Nahir Fernández. Con su nueva identidad de género cambió de pabellón en la cárcel cordobesa de Bouwer: dejó el masculino y pasó al femenino. Allí ejerció violencia de género contra otras presas y dejó embarazada a una compañera.
En libertad condicional, una nueva pareja de género femenino la denunció, pero con su nombre masculino. Esa situación motivó que volviera a la cárcel en 2023. Días atrás, la Cámara de Acusación de Córdoba ratificó la presión preventiva de Fernández, elevó la causa a juicio y ordenó que fuera a una celda donde no esté en contacto ni con mujeres ni con hombres.
En el fallo firmado por los magistrados Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies se advirtió sobre su peligrosidad: “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres internas, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”.
Fernández ingresó a la cárcel en octubre de 2016 llamándose Gabriel. Un año después fue condenado a tres años de prisión por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada. A fines de 2018, el Servicio Penitenciario la trasladó al área de mujeres de la cárcel de Bouwer porque había cambiado su identidad de género y pasó a llamarse Gabriela Nahir Fernández.
En abril del 2019 fue acusada de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas por ataques contra otra mujer compañera en el pabellón. Tiempo después salió en libertad condicional. A fines de ese año, fue denunciada por su pareja con su nombre masculino y ella, a su vez, también la acusó. En 2022 se suma otra denuncia.
Hace un año, su compañera de entonces, presentó una denuncia por privación ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones leves calificadas. Como tomó contacto con la víctima violando la perimetral, queda detenida nuevamente. El último fallo de hace pocos días repasa el historial de Fernández. El mismo describe que fue “condenada por delitos vinculados a violencia de género, antes de su autopercepción como mujer”.
Después, con su nuevo DNI, “logró ser trasladada a un establecimiento exclusivo para mujeres, lugar donde cometió varios delitos vinculados a la violencia de género, siendo todas sus víctimas, claro está, mujeres que mantenían con Fernández una relación de pareja”. “Una vez en libertad -agrega el texto-, surge confusamente que formula denuncias contra su pareja del momento adoptando su anterior identidad (masculina). Otras parejas de ese lapso en libertad también la denunciaron por hechos vinculados a violencia de género”.
Los jueces reconocen que, “paradójicamente” se encuentran “ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”.
Estuvo alojado en el Establecimiento Penitenciario N°3 para Mujeres de Córdoba, donde -según el Servicio Penitenciario- presentó “dificultades para comprender y respetar la normativa institucional, debido a que no cumple con las pautas del tratamiento, que rigen la disciplina, el trato y la convivencia”.
También indicó que aprovechó su “género ‘binario’ como amenaza” contra sus pares “lo que lleva a que se sientan desprotegidas en este sector, imponiéndose en los términos ‘de los viejos códigos carcelarios’, lo que le permitió disponer de la voluntad de sus pares para todo tipo de conductas violatorias a las normas del establecimiento, siendo sindicada, además, como la autora intelectual de conductas antirreglamentarias, comportamientos que alteran el orden y la disciplina de manera permanente en el mencionado sector”.