El requerimiento fue llevado a cabo por el fiscal Franco Picardi. El caso ocurrió en una cárcel de Jujuy, donde cuatro detenidos empleaban el nombre de Horacio Rosatti para estafar y extorsionar a familiares de otros presos.
El fiscal federal Franco Picardi solicitó elevar a juicio una investigación que tiene como imputados a cuatro detenidos del Establecimiento Penitenciario N°7 de Jujuy, acusados de conformar una organización criminal que, empleando el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, cometía estafas y extorsiones con familiares de otras personas privadas de la libertad.
Picardi los acusó por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembros (artículo 210, primer párrafo, del Código Penal, que prevé una pena de tres a diez años de prisión); usurpación de autoridad, reiterada en ocho oportunidades (artículo 246, inciso 1, de un mes a un año de prisión); estafa, reiterada en dos oportunidades (artículo 172, de un mes a seis años); y extorsión mediante simulación de autoridad pública (artículo 168, de cinco a diez años de prisión), todos en concurso material.
El requerimiento también contempla la extracción de testimonios para que se investigue la posible participación de tres mujeres vinculadas con los imputados, cuyas cuentas habrían sido utilizadas para recibir o canalizar el dinero obtenido mediante las maniobras, por lo que se pidió que sean convocadas a prestar declaración indagatoria.
La investigación estableció que la organización funcionó, al menos, desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, con base en el mencionado establecimiento penitenciario. Allí, los integrantes utilizaban celulares y distintas líneas telefónicas para presentarse como Rosatti, invocar su condición de presidente de la Corte Suprema y requerir a dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad información sobre personas detenidas.
Con esos datos, contactaban a sus familiares y exigían transferencias de dinero bajo el argumento de que debían pagar una fianza para obtener la libertad de sus allegados.
En otros episodios, también emplearon el nombre del magistrado para simular la representación de empresas privadas y anunciar falsos premios, como vehículos o servicios de telefonía satelital, a cambio de pagos por supuestos gastos administrativos, destaca el portal Fiscales.
La operatoria se apoyaba en una estructura de comunicaciones y cuentas bancarias de terceros. Para dar credibilidad a los llamados, los perfiles de WhatsApp exhibían fotografías del propio Rosatti o de edificios judiciales y se identificaban con denominaciones como “Corte Suprema de Justicia”. También utilizaban alias de transferencias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales, entre ellos “poderjudicial.mp” y “poderjudicial.org.25”.
Además de los llamados a dependencias oficiales, la acusación comprende dos maniobras de estafa y un episodio de extorsión en perjuicio de personas que fueron contactadas por los integrantes del grupo.
Para Picardi, los cuatro imputados, que están detenidos y registran condenas por otros delitos, tuvieron intervenciones concretas y diferenciadas en la organización.