La iniciativa apunta a limitar los beneficios tributarios que alcanzan a entidades financieras, proveedores de servicios de pago y otras compañías que participan de la intermediación financiera a través de plataformas digitales.
En medio de la crisis de endeudamiento, el bloque de Unión por la Patria impulsa en el Senado un proyecto para excluir del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento a las empresas que operan, directa o indirectamente, en crédito y servicios de pago, cómo Mercado Pago.
La iniciativa apunta a limitar los beneficios tributarios que alcanzan a entidades financieras, proveedores de servicios de pago y otras compañías que participan de la intermediación financiera a través de plataformas digitales. El planteo vuelve a poner bajo la lupa el crecimiento del negocio fintech y el lugar que ocupa Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperin, en ese esquema.
Desde Unión por la Patria argumentan que la actividad principal no sería la producción tecnológica para exportación, sino el negocio financiero o de pagos. Además, hacen hincapié en que estas empresas beneficiarias del Estado manejan tasas excesivas, que han sido un factor determinante para el sobreendeudamiento que existe, que tiene a 6 millones de personas con deudas impagas y en situación de mora.
La propuesta es del senador peronista Mariano Recalde, y fue presentada esta semana en la Cámara alta junto a un proyecto que propone un “programa de desendeudamiento familiar”, destinado a mitigar el sobreendeudamiento de los hogares, garantizar la subsistencia económica de las familias y regular las condiciones crediticias del sistema financiero y de tecnologías financieras.
La iniciativa de exclusión busca sacar del Régimen de Economía del Conocimiento a las empresas que operan, directa o indirectamente, en crédito y servicios de pago. Es decir, que las entidades financieras, los proveedores de Servicios de Pago (PSP) y billeteras virtuales; los proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), las plataformas de crédito entre particulares (PSCPP), y las empresas controlantes, controladas, vinculadas o filiales tecnológicas de esas entidades no gocen de los beneficios que impulsa la Ley 27.506 que otorga reducciones impositivas a las empresas que desarrollan actividades de tecnología, ciencia e innovación.
El argumento principal es que estas empresas no utilizan los beneficios fiscales para promover actividades tecnológicas, sino que su actividad principal es el negocio financiero o de pagos. Además, los fundamentos vinculan la iniciativa con el “profundo deterioro de los ingresos populares” y a la “creciente necesidad de las familias de recurrir al financiamiento para cubrir gastos básicos”.
El proyecto cuestiona especialmente las tasas y los mecanismos de evaluación crediticia utilizados por estas empresas. Afirma que el scoring (puntaje crediticio) mediante algoritmos y la falta de análisis de solvencia pueden llevar a otorgar créditos de alto riesgo, lo que genera: “una espiral de refinanciaciones consecutivas y acumulación de intereses punitorios”.
De esta forma, el proyecto apunta a que el Estado estaría otorgando beneficios fiscales a empresas que utilizan la tecnología como herramienta para desarrollar su actividad financiera y no para desarrollar software y servicios informáticos; biotecnología, nanotecnología y neurotecnología, mucho menos para la industria aeroespacial y satelital. Tampoco para la producción audiovisual y servicios profesionales de exportación, como especifica el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento que se sancionó en mayo de 2019.
Los fundamentos recuerdan que la Ley 27.506 fue creada para promover: “el uso intensivo de tecnología, la innovación, la creación de empleo calificado y la generación de divisas genuinas a través de la exportación de alto valor agregado”.
El contrapunto también alcanza al vínculo político entre Galperin y el gobierno de Milei. El empresario se convirtió en uno de los principales respaldos del rumbo económico oficial y en una figura habitual del discurso a favor de la desregulación, la reducción de impuestos y la apertura de la economía. En ese contexto, la iniciativa de Unión por la Patria representa un desafío directo a uno de los grupos empresariales más importantes del país y plantea si los beneficios fiscales otorgados a empresas tecnológicas pueden sostenerse sin límites mientras el Estado reduce partidas y reclama esfuerzos al resto de los sectores.