Un inversor damnificado cuestionó el fallo judicial y apuntó contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano. El recurso plantea nuevas medidas de prueba y busca revertir la decisión que benefició al presidente y a otros diez imputados.
El expediente por el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA podría volver a ser revisado por una instancia superior. Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores perjudicados, apeló los sobreseimientos y solicitó que se reabra la investigación por la presunta estafa.
La presentación, de 40 páginas, lleva el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Allí, el damnificado cuestionó los argumentos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, quienes impulsaron el cierre de la causa para los once investigados.
El recurso llegó después de que el magistrado dictara el viernes pasado el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal. La decisión se tomó sin que ninguno de los acusados fuera convocado a prestar declaración indagatoria.
Entre los cuestionamientos centrales, Marchetto denunció supuestas "contradicciones", "confusiones" y una "valoración fragmentaria" de las pruebas en la resolución judicial. También sostuvo que hubo una "fundamentación aparente" para justificar el cierre del expediente.
Uno de los elementos que pidió analizar en profundidad son las comunicaciones entre el Presidente y el empresario Mauricio Novelli antes de la publicación del 14 de febrero de 2025, cuando el mandatario difundió el criptoactivo en la red social X. Según los registros telefónicos citados en la apelación, hubo tres llamadas de Novelli a Milei y otra en sentido inverso durante los minutos previos al mensaje.
El escrito también puso el foco en los movimientos financieros registrados instantes antes de esa publicación. De acuerdo con los datos mencionados, se realizaron 87 operaciones desde 74 billeteras virtuales por unos 13,5 millones de dólares. Para el inversor, esos movimientos deben evaluarse junto con las comunicaciones y la difusión presidencial para determinar si existió coordinación entre los involucrados.
Además, la presentación reclamó profundizar las pesquisas sobre el destino de los fondos y las pericias de dispositivos electrónicos vinculados con otros protagonistas del caso. A criterio del apelante, esas medidas resultan relevantes antes de dar por concluida la investigación.
La posibilidad de que el planteo sea analizado depende, sin embargo, de una cuestión procesal. Marchetto fue apartado como querellante por decisión del juez, confirmada luego por la Cámara Federal, y actualmente espera que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva su situación. Por eso, presentó el recurso como "pretenso querellante", al sostener que tiene derecho a impugnar una decisión que podría cerrar definitivamente el expediente.
La admisibilidad de la apelación todavía debe resolverse. Si se reconoce la legitimación del inversor y su planteo prospera, un tribunal superior podría revisar los sobreseimientos y determinar si corresponde que la investigación por el lanzamiento y el derrumbe de $LIBRA continúe.