La Procuraduría de Investigaciones Administrativas asumió la acción penal tras un pedido de dos ONG y cuestionó el cierre de la causa que involucra al Presidente y a su hermana Karina Milei.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas asumió la acción penal tras un pedido de dos ONG y cuestionó el cierre de la causa que involucra al Presidente y a su hermana Karina Milei.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, en la causa $LIBRA, y pidió que se reabra la investigación por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda. El organismo especializado en hechos de corrupción consideró prematuro el cierre del expediente y asumió la intervención para impulsar la continuidad de las actuaciones judiciales.
La decisión fue adoptada por la fiscalía encabezada por Sergio Rodríguez, luego de un pedido presentado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
El organismo intervino después de que el fiscal Eduardo Taiano rechazara asumir ese rol y solicitara el sobreseimiento del Presidente, su hermana y los otros nueve imputados en el expediente. Posteriormente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió cerrar la investigación, informaron fuentes judiciales.
Las organizaciones que solicitaron la intervención de la PIA consideraron que la decisión judicial fue prematura y que todavía deben esclarecerse distintos aspectos del caso.
Desde el CIPCE calificaron la participación de la fiscalía especializada como un “paso fundamental”. En un comunicado, señalaron: “Está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad”.
La organización también sostuvo que resulta necesario avanzar con una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.
El planteo deberá ser analizado por el Juzgado Federal N.º 8, que se encuentra a cargo interinamente del juez Daniel Rafecas. Ese tribunal tendrá que resolver si habilita la reapertura de la investigación.
Sin embargo, la Procuraduría también presentó un recurso de apelación en subsidio. Esto significa que, si el juzgado rechaza el pedido de reapertura, la discusión podrá trasladarse a la Cámara Federal, que deberá revisar la decisión.