La defensa de la expresidenta llevó el planteo al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y busca que el caso sea analizado en octubre. También pidió dejar sin efecto la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La expresidenta Cristina Kirchner formalizó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una presentación para que se revise su condena en la Causa Vialidad, por la que recibió seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El planteo fue presentado por sus abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego ante el Comité de Derechos Humanos del organismo.
La defensa sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales y pidió que se deje sin efecto la inhabilitación que actualmente le impide ocupar cargos públicos. El objetivo de los abogados es que el caso sea incluido en la agenda de la próxima sesión del Comité, prevista para octubre.
La condena quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario de la defensa y ratificara el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2. Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes, encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron. Sus pronunciamientos no tienen carácter vinculante, aunque pueden ser considerados como antecedentes en posteriores discusiones jurídicas e institucionales.
El planteo de los abogados incorpora una serie de elementos que ya habían sido difundidos públicamente el 15 de septiembre. En aquella oportunidad, Beraldi aseguró haber encontrado una “prueba determinante” vinculada con los fondos destinados a la Dirección Nacional de Vialidad durante los gobiernos de Cristina Kirchner.
Según el abogado, las empresas de Lázaro Báez recibieron menos del 1% de los fondos asignados por Vialidad durante ese período. A partir de ese dato, la defensa sostiene que no existió un direccionamiento de la obra pública destinado a beneficiar al empresario.
Beraldi también afirmó que las compañías de Báez se encontraban en posiciones relegadas dentro del listado de empresas que recibieron fondos y que las que encabezaban esa clasificación “no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento”.
La presentación ante Naciones Unidas busca que estos elementos sean considerados en el análisis del caso y que el Comité se expida sobre los cuestionamientos formulados por la defensa.