La querella sostuvo que la inmobiliaria familiar fue utilizada para canalizar y blanquear fondos provenientes de empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo entre 2009 y 2016.

La Unidad de Información Financiera (UIF) señaló a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que habría utilizado la inmobiliaria Los Sauces para lavar dinero proveniente de empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo. La acusación fue presentada durante el juicio que enfrenta la expresidenta junto a su hijo Máximo Kirchner y otros imputados.

Este viernes, la querella terminó de exponer el requerimiento de elevación a juicio por la causa, en la que sostuvo que la firma familiar fue utilizada para canalizar fondos de origen ilícito mediante contratos de alquiler de inmuebles. Según la UIF, las operaciones involucraron a compañías relacionadas con los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Durante la audiencia la querella apuntó al capítulo referido a Álcalis de la Patagonia y M&S, empresas ligadas a López y De Sousa, y afirmó que ambas utilizaron "dos mecanismos simulados" mediante contratos de alquiler con Los Sauces, a los que consideró injustificados y que, según la acusación, presentaban sobreprecios de entre el 100% y el 150%.

"La locación no fue más que una simulación a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados hacia la sociedad de la familia Kirchner", sostuvo la UIF al describir el funcionamiento de las operaciones.

Los Sauces y el circuito de fondos bajo investigación

De acuerdo con la acusación, la familia Kirchner habría montado una "ingeniería societaria y económica para legitimar los beneficios económicos de los ilícitos procedentes". El dinero habría pasado por una cadena de movimientos bancarios y distintos intermediarios para darle apariencia legal y permitir su utilización por parte de Néstor y Cristina Kirchner, y de sus hijos Máximo y Florencia.

La UIF sostuvo que Los Sauces fue utilizada entre 2009 y 2016 para canalizar fondos provenientes de empresas de Báez y del Grupo Indalo. Durante ese período, la inmobiliaria registró un "crecimiento exponencial" de su patrimonio a partir de contratos con empresarios que, según la querella, eran favorecidos con importantes contratos del Estado y aportaban un flujo de dinero constante, cercano a los $26 millones.

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En cuanto a las responsabilidades penales, la UIF acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de la asociación ilícita y a Máximo Kirchner, quien presidió Los Sauces, de haber actuado como organizador. A ambos les atribuyó haber "diseñado, ejecutado y dirigido un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito" provenientes de la adjudicación de contratos de obra pública.

La expresidenta también fue acusada de haber aceptado dádivas de Cristóbal López y Fabián De Sousa. En tanto, la querella señaló a Lázaro Báez como organizador de la asociación ilícita y coautor de lavado de activos, mientras que a López y De Sousa les atribuyó esas mismas calificaciones, además del delito de ofrecimiento de dádivas.

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