El oficialismo no logró reunir los apoyos necesarios para firmar el dictamen y postergó el debate hasta el 27 de octubre, en medio de cuestionamientos a distintos puntos de la iniciativa.
El Gobierno no logró cerrar un acuerdo con sus aliados y los bloques dialoguistas para firmar el dictamen del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que tiene como eje la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y sus recursos naturales. Por ese motivo, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de Diputados fue postergado para el miércoles 27 de octubre, a las 16. Sin dictamen, el texto quedó afuera de la sesión prevista para esta semana en el recinto.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el endurecimiento de las penas por la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes. El proyecto contempla condenas de hasta 20 años de prisión y la inhabilitación para operar en la Argentina. Además, reemplaza la Ley 26.659 y amplía las restricciones más allá de los hidrocarburos, para abarcar el aprovechamiento de recursos renovables y no renovables sin autorización argentina. Incluso, prevé crear un registro público de infractores y habilitar el juicio en ausencia para los delitos contemplados.
Sin embargo, las diferencias no se limitan a las sanciones vinculadas con la explotación de recursos. Los cuestionamientos también apuntan al alcance de las facultades que el proyecto le otorga al Poder Ejecutivo, a través de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente. Entre los artículos más controvertidos aparece el 111, que incorpora sanciones por acciones vinculadas con campañas de desinformación masiva, alteraciones de procesos electorales y actos de sabotaje. También generan reparos las disposiciones sobre el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, así como la posibilidad de intervenir en asuntos de seguridad interior.
El freno legislativo se da, además, en medio de una controversia diplomática por la posición argentina frente a una iniciativa de Estados Unidos para eliminar el Comité de Descolonización de la ONU, un organismo clave para sostener el reclamo por Malvinas en el ámbito multilateral. El Gobierno de Javier Milei se abstuvo en esa votación, una postura que recibió críticas por su contradicción con el rechazo al colonialismo que la administración sostiene públicamente. El excanciller y diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana cuestionó la decisión y afirmó que la abstención argentina contribuyó a la posición estadounidense de disolver el organismo que reconoce la disputa de soberanía sobre las islas.
Taiana también reclamó que el Gobierno repudie la iniciativa de Estados Unidos y retome una política diplomática de mayor firmeza en el reclamo argentino. En paralelo, según trascendió, representantes del gobierno de Donald Trump habrían transmitido sus dudas sobre el avance del proyecto en el Congreso. Por ahora, el oficialismo deberá retomar las negociaciones con sus aliados antes de intentar firmar el dictamen, en una discusión que combina la defensa de los recursos argentinos en Malvinas con fuertes diferencias sobre las atribuciones de seguridad que propone la iniciativa y el posicionamiento internacional del Gobierno.