Bloques opositores impulsan interpelaciones a Diego Santilli, Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva para determinar si hubo colaboración del Gobierno en la salida del excandidato brasileño hacia Estados Unidos.
La salida de Flavio Bolsonaro de Brasil a través de la Argentina abrió un nuevo conflicto político para el gobierno de Javier Milei en el Congreso. Distintos sectores de la oposición impulsan pedidos de interpelación a tres funcionarios nacionales para esclarecer si existió colaboración oficial en el traslado del excandidato presidencial brasileño, cuya salida del país estaba prohibida por la Justicia de Brasil.
El episodio también amenaza con complicar el tratamiento en Diputados del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas. La iniciativa obtuvo dictamen con 60 firmas, pero las sospechas opositoras sobre una eventual intervención de organismos estatales en el traslado de Bolsonaro sumaron tensión al debate parlamentario.
Los pedidos de explicaciones apuntan al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al canciller, Pablo Quirno; y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La oposición busca determinar qué sabían los funcionarios, si se utilizaron recursos públicos y qué intervención tuvieron Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y los organismos de inteligencia.
La polémica creció tras una publicación del diario "La Nación" sobre la presunta presencia del asesor presidencial Santiago Caputo en Misiones cuando despegó el avión privado que trasladó a Bolsonaro y a su familia. Caputo es uno de los principales impulsores de la ley Malvinas, una coincidencia que alimentó los cuestionamientos de los legisladores opositores.
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, presentó un pedido de interpelación a Quirno para conocer si hubo conocimiento previo o colaboración de funcionarios argentinos en el traslado. También reclamó información sobre el posible uso de recursos públicos, estructuras de seguridad o servicios de inteligencia para facilitar la salida del excandidato brasileño.
Desde Unión por la Patria, Agustín Rossi anunció que pedirá la interpelación de Santilli. “Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no”, sostuvo el diputado, quien además advirtió que la Argentina no puede convertirse en una ruta de escape para quienes buscan evadir a la Justicia.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anticipó que reclamará la presencia de Quirno y Monteoliva en el Congreso. El legislador acusó al Gobierno de haber brindado asistencia operativa mediante Migraciones, la PSA y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y exigió que los funcionarios den explicaciones ante los legisladores.
Según confirmó Migraciones, Bolsonaro ingresó el martes a las 22.50 por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Desde allí se trasladó al aeropuerto misionero con acompañamiento de efectivos de la PSA y abordó un avión privado con destino a Guayaquil, Ecuador. El miércoles por la mañana llegó a Miami.
En la Casa Rosada sostuvieron que no había pedidos de captura ni impedimentos migratorios registrados en la Argentina, aunque el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes le había prohibido salir del país y ordenado la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
La controversia se suma a las negociaciones que el oficialismo mantiene con sus aliados para aprobar la ley Malvinas. El dictamen incorporó cambios al proyecto original, entre ellos modificaciones a las restricciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas, una reformulación de los delitos cuestionados y mayores facultades de control para el Congreso.
Con el respaldo de Pro, la UCR y sectores dialoguistas, el Gobierno busca sostener los acuerdos parlamentarios, ahora bajo la presión de los pedidos de interpelación y las dudas opositoras sobre la actuación de los organismos de seguridad.