El Ministerio de Capital Humano realizará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar que durante el paro convocado por CTERA se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio.
El Gobierno nacional pondrá en marcha este lunes un operativo de fiscalización en todo el país para controlar el cumplimiento del servicio mínimo durante el paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La medida estará coordinada por el Ministerio de Capital Humano y buscará verificar que las escuelas garanticen al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece la legislación vigente.
La tarea será llevada adelante por las agencias territoriales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que relevarán el funcionamiento de establecimientos educativos en distintas provincias y elevarán un informe a la administración central.
Desde el Ministerio de Capital Humano advirtieron que, si se comprueba el incumplimiento de la cobertura mínima exigida, "se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan" contra las entidades sindicales responsables.
Según precisó la cartera que conduce Sandra Pettovello, se realizará una inspección muestral en escuelas de todo el país. Sin embargo, el Gobierno todavía no informó cuántos establecimientos serán relevados ni cuál será la metodología definitiva para obtener la información, que podría combinar inspecciones propias con datos aportados por las provincias.
El operativo constituye la primera prueba de alcance nacional de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 incorporó a la educación inicial, primaria, secundaria y especial dentro de los servicios esenciales. La norma establece que, durante una medida de fuerza, debe garantizarse una cobertura no inferior al 75% de la prestación habitual.
No obstante, la ley no determina de manera específica cómo debe medirse ese porcentaje. El Ejecutivo deberá evaluar si el servicio mínimo se verifica a partir de la cantidad de escuelas abiertas, cursos dictados, docentes presentes, horas de clase efectivamente brindadas o mediante una combinación de esos indicadores.
La legislación también fija un procedimiento previo a la realización de un paro. Las organizaciones sindicales deben comunicar la medida con al menos cinco días de anticipación y acordar con la autoridad laboral las modalidades del servicio mínimo, incluyendo personal afectado, horarios y funciones. Si no existe acuerdo, la Secretaría de Trabajo puede establecer esas condiciones con la intervención de la Comisión de Garantías.
En la Casa Rosada aclaran que una eventual sanción no será automática. Primero deberá constatarse el incumplimiento, identificar a la entidad responsable y desarrollar el correspondiente procedimiento administrativo, que contempla el derecho de defensa y la posibilidad de revisión judicial.
Las sanciones previstas por la normativa incluyen apercibimientos, multas e incluso la promoción de acciones judiciales contra asociaciones sindicales que incumplan las resoluciones de la autoridad laboral. En casos de desobediencia reiterada, el Estado puede solicitar ante la Justicia la suspensión, cancelación o intervención de una organización gremial, aunque no puede disponer esas medidas de manera unilateral.
El relevamiento también deberá contemplar el esquema federal del sistema educativo. Si bien la Nación interviene en el conflicto colectivo y controla el cumplimiento de la legislación laboral, las escuelas dependen de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que necesitará la colaboración de las distintas jurisdicciones para reconstruir el nivel de actividad registrado durante la jornada.
Mientras el Gobierno busca demostrar la aplicación efectiva del régimen de esencialidad, CTERA sostiene el reclamo por la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y un incremento de los recursos destinados al sistema educativo.