La intención de la
Casa Rosada es bajar de
16 a 14 años la edad de imputabilidad, con distintas escalas según el delito cometido: la pena de prisión sería sólo para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas.
En búsqueda de consenso, para contener a los sectores más garantistas, se analiza la posibilidad de establecer penas diferentes aún para los casos más graves. Algo que reclamaron, por ejemplo, especialistas de Unicef.
Otra idea que se baraja es que,
para los casos de jóvenes entre 14 y 16 años, la carga de la prueba sea de la fiscalía para demostrar que el autor comprendía la criminalidad del acto, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las causas. Esto porque, entienden en Justicia, si bien la realidad cambió, todavía puede haber casos de chicos de 15 años que "por una cuestión de maduración" no comprenden la criminalidad de sus actos.
"Nuestro objetivo es que en el futuro haya menos jóvenes en conflicto con la ley penal; que cada vez sean más los que estudien y trabajen y que sean valorados socialmente para lograr una sociedad más pacífica", remarcó el ministro.
El macrismo propondrá que durante 2017 se dé la discusión y recién en 2018 se trate en el Congreso.